La Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el régimen sandinista, aprobó el viernes 22 de noviembre de 2024 una reforma parcial a la Constitución Política del país, que en realidad representa una reestructuración integral del sistema político nacional.
La propuesta de reforma, considerada ilegítima por sectores de la sociedad civil, fue presentada el 19 de noviembre de 2024 por Claudia Curtis, integrante del equipo jurídico de la Secretaría de la Presidencia. Según críticos, la reforma está diseñada para favorecer a Rosario Murillo.
La iniciativa obtuvo el respaldo de 91 diputados sandinistas y aliados del PLC y otros partidos afines, quienes aprobaron la medida de forma acelerada, sin debate real ni participación ciudadana, en una sesión caracterizada por la propaganda oficialista.
El gobierno justifica esta reforma como una necesidad de “modernizar y actualizar” la Constitución para adaptarla a los “nuevos tiempos”. Sin embargo, detrás de este discurso se oculta un intento de consolidar el poder de Ortega y Murillo, cerrando cualquier espacio democrático. Esta situación refleja el control absoluto que ejerce el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) sobre la Asamblea Nacional, que actúa más como un brazo del Ejecutivo que como un órgano legislativo independiente.
Condena internacional y consolidación del autoritarismo
La comunidad internacional y diversas organizaciones de derechos humanos han condenado la reforma, calificándola como un atentado contra la democracia y una forma de institucionalizar el autoritarismo. La aprobación centraliza aún más el poder, militariza la vida civil y perpetúa la represión contra la disidencia.
Uno de los cambios más significativos es la creación de la figura de la «copresidencia», que otorga a Rosario Murillo el mismo rango que a Daniel Ortega. Esto formaliza su control conjunto del Poder Ejecutivo y prepara el terreno para la sucesión dinástica, posicionando a Laureano Ortega en una posición estratégica para el futuro.
Nuevos principios ideológicos y mayor militarización
La nueva Constitución define a Nicaragua como un «Estado socialista, cristiano y revolucionario» basado en los principios sandinistas, marginando otras ideologías y legitimando la represión contra los opositores. La reforma también concede al Ejército la facultad de intervenir en conflictos internos sin necesidad de autorización legislativa, fortaleciendo la militarización del país.
Además, se institucionaliza la figura de la «policía voluntaria», formada por civiles leales al gobierno, lo que legitima la participación de grupos paramilitares, responsables de la represión durante las protestas de 2018.
Ataques a la libertad de expresión y religión
La reforma incluye disposiciones que afectan la libertad de prensa y religión. Utilizando el argumento de combatir las «noticias falsas», el régimen podrá censurar medios de comunicación y perseguir a periodistas independientes, consolidando legalmente su control sobre la información.
