por Nicaragua Investiga
Históricamente, miles de nicaragüenses que residen en Costa Rica cruzan por puntos ciegos de la frontera durante épocas festivas como Semana Santa y Navidad para visitar a sus familias y aprovechar sus vacaciones. Sin embargo, una nueva reforma a la Ley de Migración y Extranjería, que entró en vigencia tras su publicación en La Gaceta, establece penas de entre dos y seis años de prisión para quienes crucen la frontera sin documentación de viaje y eviten los controles migratorios.
La socióloga Elvira Cuadra, directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM), explicó que esta medida impactará a quienes dependen de la movilidad fronteriza por razones laborales, educativas o familiares. “En el caso de Nicaragua, la relación de las poblaciones fronterizas siempre ha sido muy cercana, tanto con Honduras como con Costa Rica. Incluso hay familias binacionales”, comentó Cuadra, enfatizando que muchas personas cruzan diariamente para trabajar, estudiar o recibir servicios básicos en los países vecinos.
Conversamos con un nicaragüense que, por temor a represalias, pidió el anonimato. Él viaja de manera irregular en fechas especiales, argumentando que hacerlo “es menos costoso que viajar de manera legal y también es más rápido”. Según explicó, “evitar todo ese trajín de los precios de migración, que permiso de salida, que visa, y un montón de cosas” es una de las razones por las que opta por esta vía.
En esta temporada navideña, cuando muchas personas buscan reencontrarse con sus familias, comentó que los trámites legales complican aún más la situación: “De manera legal, a veces ni chance da por tanta gente que viaja. A veces ni boletos de buses encuentra uno”.
Con la entrada en vigor de la nueva ley, expresó su preocupación: “Con esa nueva ley creo que todo se viene abajo. Muchos como yo estamos penando: ¿y ahora si me voy ilegal me meterán preso, me van a sacar del país o qué más me pasaría? Muchos en estas fechas nos quedaremos sin ver a nuestros familiares, pienso yo”, dijo con tristeza.
Esta reforma plantea un desafío para quienes, por razones económicas o sociales, dependen de esta movilidad para mantener sus vínculos familiares o acceder a mejores oportunidades en la región fronteriza.
