San José, Costa Rica — El Ministerio Público elevó este lunes una solicitud formal para condenar a Yendry Quirós Conejo, activista identificada con el chavismo, a un año de prisión por presuntas amenazas contra el diputado Ariel Robles Barrantes, integrante del partido Frente Amplio (FA). El caso, que se tramita en los Tribunales del Primer Circuito Judicial de San José, ha generado controversia al analizar si las expresiones de la acusada durante una protesta configuran un delito penal o si se enmarcan en la libertad de expresión.
Detalles de la acusación
La Fiscalía fundamentó su pedido de 12 meses de cárcel —en el rango intermedio de las penas previstas para el delito de amenazas a funcionarios públicos (1 mes a 2 años)— argumentando la necesidad de «desnormalizar la violencia en el ámbito político». Según la entidad acusadora, Quirós profirió en junio de 2023, durante una concentración chavista frente a la Asamblea Legislativa, la frase: «Le voy a sacar el sirope de la nariz» en alusión directa al legislador Robles.
El impacto en la víctima
Durante su testimonio, Robles Barrantes relató cómo el episodio ha impactado su labor parlamentaria y su seguridad, especialmente durante sus visitas a comunidades.
El diputado insistió en que la metáfora del «sirope» (término coloquial para referirse a la sangre) implica una incitación a la violencia física. «Para que salga sangre de alguien, debe haber un acto violento de por medio», subrayó ante el tribunal. Como respaldo, se presentó material audiovisual donde Quirós pronuncia la frase en contexto de protesta.
Argumentos de la defensa
El equipo legal de la activista rechazó las acusaciones, calificando el proceso como una «instrumentalización política». Alegaron que las palabras de Quirós carecían de intención amenazante y cuestionaron la imparcialidad del sistema judicial, señalando que su clienta no rechazó una posible conciliación, sino que actuó bajo
«desconocimiento del proceso por negligencia de su anterior abogado». Finalmente, exigieron su absolución, insistiendo en que el caso busca silenciar posturas críticas.
Trascendencia y próximos pasos
El fallo, que se conocerá en las próximas semanas, pondrá a prueba los límites entre el discurso político y la incitación a la violencia en Costa Rica. Mientras organizaciones de derechos humanos advierten sobre el riesgo de criminalizar la protesta, sectores políticos respaldan la postura de la Fiscalía, señalando que las amenazas a funcionarios erosionan la democracia.
El tribunal deberá determinar si la expresión utilizada por Quirós constituye un peligro real para Robles o si, por el contrario, se trata de una hiperbole retórica propia de la confrontación ideológica.
La resolución sentará un precedente clave en un país donde la polarización política ha escalado en los últimos años.
