Se dio inicio al estudio legislativo de una iniciativa que busca establecer regulaciones para la explotación aurífera en las zonas de Cutris y Crucitas, ubicadas en el cantón de San Carlos. Según datos del viceministro de Ambiente, Ronny Rodríguez, el yacimiento en Crucitas albergaría más de un millón de onzas de oro, un recurso que podría reportar beneficios económicos significativos para Costa Rica.
No obstante, el valor monetario de este metal precioso depende directamente de las variaciones en los mercados globales. Hasta febrero de 2025, la onza de oro de 24 quilates alcanzaba un valor de ?1.4 millones, cifra que resalta el atractivo financiero del depósito.
Municipalidad reclama participación en ganancias
Uno de los aspectos más polémicos del proyecto es la propuesta de que la Municipalidad de San Carlos reciba el 25% de las utilidades generadas por la actividad minera. Estos fondos se orientarían a impulsar proyectos locales en áreas como infraestructura, salud y educación.
La iniciativa ha generado discrepancias en el congreso, donde algunos diputados cuestionan si este porcentaje equilibra adecuadamente las necesidades comunales con los intereses estatales.
Preocupaciones ambientales y sociales
La diputada Priscilla Vindas, del Frente Amplio, puso en duda los protocolos de seguridad ecológica planteados para el proyecto. En su intervención, enfatizó la urgencia de garantizar que la extracción no degrade los ecosistemas ni afecte a las poblaciones cercanas.
«Debemos evitar que esta actividad se traduzca en impactos irreversibles. Es indispensable implementar auditorías técnicas independientes y asegurar que las comunidades participen activamente en la toma de decisiones», sostuvo Vindas.
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Camino legislativo y debate pendiente
La propuesta continuará su trámite en la Comisión de Ambiente del Legislativo. De obtener respaldo, avanzaría al Plenario para su votación final. Mientras tanto, persiste la polarización entre quienes visualizan la minería como un motor para la economía nacional y quienes alertan sobre sus posibles consecuencias socioambientales.
Aunque el debate sobre Crucitas lleva décadas, esta podría ser la primera vez que se concrete una decisión. La incógnita sigue vigente: ¿Está el país preparado para asumir los costos ambientales que podría implicar esta actividad, o primará la cautela frente a los riesgos?
