La creciente participación de menores de edad en actividades delictivas vinculadas al crimen organizado es una preocupación en Costa Rica.
Según datos del Observatorio de Violencia Juvenil, en los últimos cinco años, los delitos cometidos por menores relacionados con el narcotráfico y el sicariato han aumentado en un 35%.
Este incremento ha llevado a las autoridades a reconsiderar las políticas actuales de justicia juvenil.
Recientemente, la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa dictaminó de forma afirmativa un proyecto de ley propuesto por el diputado Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista.
Esta iniciativa busca otorgar al Ministerio Público la facultad de solicitar medidas cautelares, como la prisión preventiva, para menores involucrados en delitos relacionados con el crimen organizado.
Actualmente, la legislación vigente no permite la imposición de prisión preventiva a menores, lo que limita las herramientas legales para abordar casos de alta peligrosidad.
Además, el proyecto propone que estos casos sean declarados de tramitación compleja, permitiendo una investigación más exhaustiva y la aplicación de medidas cautelares adecuadas.
También se contempla la creación de un registro penal juvenil para documentar a personas imputadas con suspensión de proceso a prueba, conciliaciones y sanciones penales juveniles en causas juzgadas.
El diputado Campos señaló que esta reforma proporcionaría mejores herramientas para investigar y procesar a menores infractores, asegurando que sean juzgados por jueces especializados y mejorando la conducción del proceso penal.
Es fundamental que la sociedad y las autoridades trabajen conjuntamente en la implementación de políticas preventivas y educativas que ofrezcan alternativas a los jóvenes, evitando su involucramiento en actividades delictivas y promoviendo su desarrollo integral.
