Privados de libertad inician huelga de hambre en siete cárceles por restricciones impuestas por el Gobierno
Una nueva crisis sacude el sistema penitenciario de Costa Rica. Más de 7.000 privados de libertad en siete centros penitenciarios se sumaron a una huelga de hambre como señal de protesta ante una serie de restricciones impuestas por el Ministerio de Justicia y Paz, que han limitado de manera drástica las visitas familiares, las llamadas telefónicas y el envío de encomiendas.
La chispa que encendió la protesta fue la aplicación de nuevas reglas que establecen una única visita familiar mensual, una visita conyugal cada dos meses, así como apenas 10 minutos semanales para llamadas telefónicas desde los teléfonos públicos. Además, las personas privadas de libertad solo pueden recibir una encomienda al mes, exclusivamente con artículos de primera necesidad.
El epicentro de la protesta
La huelga comenzó el viernes en el Centro Penitenciario Jorge Arturo Montero Castro, conocido como “La Reforma”, en Alajuela, donde se encuentra la mayor cantidad de internos, cerca de 4.500. En cuestión de horas, la medida se replicó en otros centros penitenciarios como CAI Terrazas, Gerardo Rodríguez Echeverría y Luis Paulino Mora Mora, todos también en Alajuela. Posteriormente se sumaron la cárcel de Sandoval en Limón y el centro Carlos Luis Fallas, en Guápiles, Pococí.
Si bien la cifra de 7.000 corresponde al total de reclusos en esos centros, no necesariamente todos participan activamente en la huelga.
Reclamo por dignidad y derechos humanos
La Asociación Ayudando a los Privados de Libertad y sus Familias, una organización no gubernamental, difundió varios videos que evidencian el malestar y la desesperación tanto dentro como fuera de las cárceles. Según su presidente, Rafael Ángel García, las restricciones vulneran la dignidad de las personas privadas de libertad y afectan el vínculo con sus seres queridos.
“El contacto con la familia no puede verse como un privilegio, sino como un derecho. Estas medidas castigan a todos por igual, incluso a quienes no están involucrados en ningún tipo de delito dentro de la prisión”, expresó García.
Protestas también fuera de las cárceles
El descontento también se ha hecho sentir en las calles. Desde la madrugada del lunes, familiares de los internos comenzaron a manifestarse, especialmente en Alajuela, donde se ubican la mayoría de las cárceles. La organización indicó que también hay movilizaciones en otras regiones del país.
Gobierno guarda silencio
Hasta ahora, ni el Ministerio de Justicia y Paz ni el Ministerio de Seguridad Pública han ofrecido una respuesta pública ante la situación, pese a que distintos medios han solicitado declaraciones oficiales.
Una crisis que podría escalar
La situación carcelaria en Costa Rica ha sido históricamente compleja, marcada por el hacinamiento, escasos recursos y frecuentes episodios de violencia. Las autoridades han justificado las nuevas medidas como parte de una estrategia para frenar el ingreso de artículos prohibidos y combatir delitos como el tráfico de drogas y las extorsiones desde prisión.
Sin embargo, diversos sectores cuestionan que estas decisiones afecten por igual a toda la población penitenciaria, sin distinguir entre quienes están involucrados en actividades ilícitas y quienes no.
La huelga de hambre podría extenderse a más centros penitenciarios en los próximos días, incluyendo los de Puntarenas, San Carlos, Guanacaste y San José. La presión aumenta y, con ella, la urgencia de un diálogo que evite una mayor desestabilización del sistema penitenciario nacional.
