San José. El anuncio del Gobierno de impulsar un proyecto de ley para eliminar el régimen de pensiones del Poder Judicial y trasladar a sus beneficiarios al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) ha generado una fuerte reacción por parte de los sindicatos judiciales, quienes lo consideran una “amenaza directa” y un acto de “revanchismo político”.
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, junto a la ministra de Planificación Nacional y Política Económica, Marta Esquivel, realizaron el anuncio este martes durante una conferencia de prensa, advirtiendo que presentarán el proyecto como respuesta a una eventual aprobación legislativa de la ley que permitiría la pensión anticipada a los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que portan armas como parte de sus funciones.
“Si la Asamblea Legislativa resella ese proyecto de ley, nosotros enviaremos otro para cerrar por completo el régimen de pensiones del Poder Judicial y pasar a todos sus funcionarios al IVM, como corresponde a la mayoría de los costarricenses”, declaró tajantemente el mandatario.
Reacción de los sindicatos
La respuesta no se hizo esperar. Los sindicatos del Poder Judicial tildaron la iniciativa de “irresponsable”, “improvisada” y carente de criterio técnico. Denunciaron que el anuncio se percibe como un castigo hacia los trabajadores judiciales por buscar condiciones dignas de retiro, especialmente para quienes desempeñan labores de riesgo como los agentes del OIJ.
“El régimen de pensiones del Poder Judicial es fruto de años de aportes diferenciados, reformas internas y sostenibilidad. Este anuncio no responde a criterios actuariales, sino a un acto de represalia por defender los derechos laborales de nuestros compañeros”, expresó en un comunicado la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (ANIC).
Además, los líderes sindicales advirtieron que de prosperar esta propuesta, se abriría la puerta para una judicialización del tema, ya que afectaría derechos adquiridos y contratos laborales vigentes. También cuestionaron el impacto financiero que tendría sobre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), al trasladar miles de nuevos cotizantes al IVM sin un estudio de impacto técnico.
Un tema recurrente y polémico
La discusión sobre las pensiones del Poder Judicial no es nueva. Durante años, distintos sectores han señalado las diferencias entre este régimen y el del resto de trabajadores del sector público, alegando desigualdad y privilegios. Sin embargo, los defensores del régimen judicial argumentan que los funcionarios hacen mayores aportes y que su trabajo implica condiciones especiales, como el riesgo, el estrés y la disponibilidad permanente.
Mientras tanto, en la Asamblea Legislativa, el ambiente es tenso. Algunos diputados ya han manifestado su intención de resellar el proyecto de pensión anticipada para los agentes del OIJ, pese al veto presidencial. Otros, sin embargo, respaldan al Ejecutivo en su llamado a eliminar lo que consideran un sistema de pensiones “desproporcionado”.
Lo cierto es que este nuevo pulso entre el Poder Ejecutivo y el sector judicial amenaza con escalar en las próximas semanas, en medio de un debate que mezcla reivindicaciones laborales, tensiones políticas y el eterno dilema sobre el equilibrio entre justicia social y sostenibilidad financiera del Estado.
