La figura del exministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla Otárola, ha vuelto a colocarse en el centro del debate público luego de que salieran a la luz nuevos cuestionamientos sobre su gestión y conducta, especialmente tras su detención relacionada con supuestas anomalías en la administración del aeropuerto internacional Daniel Oduber Quirós, en Liberia, Guanacaste.
El presidente Rodrigo Chaves, quien ha defendido la rigurosidad y la “honorabilidad” como principios fundamentales en la designación de sus ministros, enfrenta ahora críticas por haber puesto en ese cargo a Batalla, quien ya arrastraba señalamientos durante su paso como director ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), entre agosto de 2022 y marzo de 2024.
La investigación que hoy enfrenta Batalla está vinculada a aparentes irregularidades en los contratos de remodelación y administración del aeropuerto de Liberia. Según trascendidos, el exjerarca habría favorecido decisiones administrativas que comprometen fondos públicos y que podrían haber incumplido procedimientos legales, beneficiando de forma indebida a terceros.
Además de las dudas sobre su papel en el proceso de licitación y ejecución de obras en esa terminal aérea, el caso también plantea interrogantes sobre el manejo de recursos y la transparencia en decisiones clave relacionadas con la infraestructura aeroportuaria del país.
La Fiscalía y la Policía Judicial han ejecutado diligencias en oficinas del MOPT y del Conavi, así como en domicilios relacionados con el exfuncionario, recolectando documentos y equipos electrónicos para fortalecer la causa judicial.
Durante su gestión en el sector público, Batalla fue señalado por participar en inauguraciones de obras inconclusas, así como por desacatar fallos judiciales. Un caso emblemático ocurrió en septiembre de 2024, cuando la Sala Constitucional obligó al presidente Chaves a abrir un procedimiento disciplinario contra él por ignorar una solicitud ciudadana, incumpliendo así una resolución previa del tribunal.
A pesar de estos hechos, el Gobierno respaldó su nombramiento como ministro, lo que ha provocado un amplio debate sobre la eficacia de los filtros de selección de altos funcionarios.
A esto se suman rumores, no confirmados oficialmente, sobre presuntas denuncias por abuso sexual en el pasado. Aunque no hay registros públicos de dichas acusaciones, su mención frecuente en redes sociales y foros ha contribuido a deteriorar su imagen pública y a erosionar la credibilidad del proceso que lo llevó al gabinete.
“El nombramiento de jerarcas debe estar basado en criterios éticos y no solo técnicos”, expresó una fuente cercana a la Asamblea Legislativa. “No basta con tener títulos, se necesita una hoja de vida limpia y una conducta intachable”, añadió.
Distintos sectores sociales y políticos han pedido al Ejecutivo reforzar los controles previos al nombramiento de funcionarios de alto nivel. Exigen mayor acceso a la información, procesos de verificación cruzada con instituciones judiciales y un compromiso real con la transparencia.
Mauricio Batalla es ingeniero civil, egresado de la Universidad Fidélitas, y posee una maestría en Gerencia de Proyectos de la Universidad Latina de Costa Rica. Antes de ingresar al sector público, se desempeñó como gerente de proyectos en empresas constructoras y consultorías privadas.
El escándalo que hoy enfrenta representa un golpe más para la administración Chaves, que ha buscado proyectar una imagen de lucha contra la corrupción. Sin embargo, este caso plantea una pregunta clave: ¿quién vigila al vigilante?
