La expresidenta de la República, Laura Chinchilla, emitió una de sus críticas más severas contra la administración de Rodrigo Chaves, luego de la inesperada remoción de la Junta Directiva del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR). En un pronunciamiento público, calificó la acción como una “violación ilegal y peligrosa” a la autonomía de las instituciones del Estado.
Chinchilla alertó que decisiones de este tipo abren la puerta a prácticas autoritarias, con consecuencias que podrían comprometer la estabilidad democrática del país.
“La intromisión del Ejecutivo en instituciones clave es una acción ilegal, dañina y establece precedentes preocupantes”, señaló.
Aunque prefirió que el análisis jurídico lo realicen especialistas en derecho constitucional, la exmandataria no dudó en enumerar lo que considera señales claras del deterioro institucional bajo la actual administración, marcada –según dijo– por un “manoseo político” y una evidente “incapacidad de gestión”.
Entre los ejemplos más preocupantes, mencionó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la cual –según dijo– enfrenta una crisis sin precedentes, impulsada por el incumplimiento del gobierno central, al que señaló como “el mayor moroso en años recientes”. Además, denunció la pérdida de médicos especialistas y EBAIS al borde del colapso, afectando la atención médica de más de 80 mil personas.
También hizo referencia a las cuantiosas pérdidas del Instituto Nacional de Seguros (INS), que ya superan los ?29.000 millones, así como a la reducción del 75% en las utilidades del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
“Estos antecedentes explican por qué la decisión del gobierno de intervenir el BNCR ha generado tanta preocupación”, recalcó Chinchilla, advirtiendo sobre el impacto que esto podría tener en la entidad financiera más importante del país.
Más allá del caso del Banco Nacional, la exgobernante advirtió sobre una tendencia más amplia y peligrosa:
“Cuando se violan las autonomías, se establecen precedentes alarmantes. Los futuros gobiernos podrían verse tentados a seguir el mismo camino para satisfacer sus intereses, poniendo en riesgo la calidad de los servicios y la estabilidad de instituciones fundamentales para la ciudadanía”, concluyó.
Hasta ahora, la Casa Presidencial no se ha pronunciado sobre las declaraciones de Chinchilla, mientras crece el debate nacional en torno a la relación entre el Poder Ejecutivo y las instituciones autónomas del país.
