El ambicioso proyecto de una “mega cárcel” que impulsa el Gobierno continúa envuelto en el hermetismo. Sin embargo, no se trata de una falta de planificación, sino de un asunto mucho más delicado: amenazas de muerte. Así lo reveló el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.
Campos fue tajante al explicar que no puede revelarse la ubicación del nuevo centro penitenciario debido a un informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que advierte sobre amenazas dirigidas hacia él y otros funcionarios del ministerio.
“Por motivos de seguridad, no es prudente divulgar el sitio hasta que se cuente con todos los análisis pertinentes. Exponerlo en este momento podría generar un caos innecesario. Hay amenazas de muerte contra varios funcionarios, incluyéndome, según lo ha indicado el OIJ”, señaló el ministro ante los legisladores.
Aunque se mantiene la reserva sobre muchos detalles, Campos adelantó que el proyecto está siendo analizado por el Mideplan y presenta un avance del 75%. Su costo rondaría los $35 millones y tendría capacidad para unos 5.100 privados de libertad.
El Frente Amplio expresó su preocupación ante la falta de transparencia y el enfoque del Ejecutivo respecto a la construcción de la nueva megacárcel anunciada por el presidente Rodrigo Chaves. La bancada legislativa cuestionó que el proyecto se mantenga en secreto bajo el argumento de amenazas de muerte, y advierte que esta opacidad debilita el debate democrático y limita el control político.
Según los diputados del partido, iniciativas de esta magnitud no deberían impulsarse sin una discusión pública amplia, especialmente cuando implican una inversión millonaria y un cambio estructural en el sistema penitenciario.
“El gobierno está utilizando el tema de la seguridad como excusa para evadir la rendición de cuentas. Nosotros creemos en políticas penitenciarias basadas en derechos humanos, rehabilitación y prevención, no en ampliar la represión ni apostar por más encierro”, señaló un vocero del Frente Amplio.
Además, la fracción legislativa criticó que el proyecto no contemple un aumento de personal ni medidas claras para evitar la reincidencia, mientras el sistema actual enfrenta un hacinamiento del 35% y graves deficiencias en reinserción social.
Para el Frente Amplio, el modelo carcelario debe repensarse con un enfoque integral, que priorice la justicia restaurativa, el fortalecimiento de programas sociales y la atención de las causas estructurales de la violencia, en lugar de construir más cárceles sin planificación participativa.
El ministro espera presentar oficialmente la propuesta a finales de junio, aunque aclaró que podría mantenerse cierta información bajo resguardo. “Revelar todo sería prácticamente darle aviso al crimen organizado”, advirtió.
Uno de los principales objetivos de esta nueva infraestructura penitenciaria sería aliviar el hacinamiento carcelario. Inicialmente, se planea trasladar a 1.920 reclusos, lo que permitiría remodelar centros como los de San Carlos y Liberia.
Pese a la magnitud del proyecto, el jerarca descartó la contratación de más personal penitenciario. “No consideramos necesario aumentar la planilla ni recurrir a más recurso humano”, afirmó.
Actualmente, el sistema penitenciario de Costa Rica enfrenta una sobrepoblación del 35%, con aproximadamente 18.000 personas privadas de libertad. Con esta mega cárcel, el Ministerio busca reducir la presión que arrastra el sistema desde hace varios años.
