Durante el 2024, Costa Rica mantuvo su condición como una de las principales rutas del narcotráfico hacia Europa y Estados Unidos, especialmente a través del puerto de Moín, en Limón. Así lo detalla el International Narcotics Control Strategy Report 2025 del Departamento de Estado de EE. UU., publicado en marzo. Sin embargo, Casa Presidencial decidió omitir esos señalamientos clave y, en su lugar, promovió únicamente los aspectos positivos del informe, durante su conferencia de prensa semanal del pasado 28 de mayo, detalla el medio Doble Check de la Universidad de Costa Rica.
El Ejecutivo destacó logros como la cooperación bilateral, los decomisos de droga, la profesionalización policial y una reducción interanual de 23 homicidios entre enero y septiembre de 2024. También se exaltó el programa “Sembremos Seguridad” y el trabajo del Servicio Nacional de Guardacostas.
Lo que no dijo la Presidencia es que, según el mismo informe, Costa Rica continúa siendo un punto de transbordo primario para la cocaína destinada principalmente a Europa, lo que evidencia la vulnerabilidad estructural del país ante el crimen organizado por su ubicación geográfica y la limitada capacidad de sus cuerpos de seguridad.
? Menores decomisos, posible cambio de rutas
El documento señala que el país decomisó 32,1 toneladas métricas de droga entre enero y septiembre de 2024 —de las cuales 20,5 toneladas eran cocaína—, una cifra menor a la del mismo período en 2023 (36,4 toneladas). Esta baja se atribuye posiblemente a cambios en las rutas marítimas empleadas por los carteles del narcotráfico.
? Críticas ignoradas: lavado de dinero y ley de extinción de dominio
Casa Presidencial también omitió referirse a los hallazgos sobre legitimación de capitales, otra sección fundamental del informe estadounidense. El reporte resalta que Costa Rica aún no ha aprobado una ley de extinción de dominio, la cual permitiría confiscar bienes de origen ilícito sin necesidad de una condena penal previa.
Pese a que la Sala Constitucional validó la mayoría del proyecto el 8 de octubre de 2024, la propuesta permanece empantanada en el Congreso, y el avance ha sido frenado por la oposición de varias fracciones, incluyendo al oficialismo. Incluso, el presidente Rodrigo Chaves anunció que vetaría el texto actual si se aprueba.
“Yo, por ejemplo, la ley de extinción de dominio, si la pasan a como la han ido manoseando, la veto inmediatamente (…). Es que volvemos a lo mismo: tenemos animales ponzoñosos ocupando puestos de la institucionalidad y hay gente que les quiere dar todavía más alas y más instrumentos”, afirmó Chaves el 14 de mayo.
?? Fiscalías bajo ataque, pero EE. UU. reconoce su labor
Pese a las reiteradas críticas del presidente Chaves al Ministerio Público y al fiscal general Carlo Díaz, el informe de EE. UU. elogia los avances del Ministerio Público en materia de lucha contra la corrupción, destacando un incremento en las investigaciones y procesamientos por corrupción en instituciones del Estado.
Este reconocimiento, como otros datos relevantes del informe, no fue incluido en la comunicación oficial del Gobierno.
Silencio ante cuestionamientos
Doble Check contactó a Casa Presidencial para conocer por qué se omitieron estos puntos del informe, pero no se recibió respuesta oportuna al cierre de esta edición.
No es la primera vez que el Ejecutivo intenta desestimar información crítica proveniente del exterior. En septiembre de 2024, Casa Presidencial desacreditó un reportaje del New York Times, que describía a Costa Rica como un nuevo imán para el narcotráfico, alegando que se basaba en datos “desactualizados” de un informe de 2020. No obstante, el diario estadounidense citaba fuentes oficiales y actualizadas. La diputada oficialista Pilar Cisneros repitió ese argumento en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico en diciembre del mismo año.
Aunque el Gobierno ha logrado ciertos avances en la lucha contra el crimen organizado, su decisión de ignorar las advertencias y críticas de un aliado clave como Estados Unidos despierta preocupación. El manejo parcial de la información pública puede afectar no solo la credibilidad institucional, sino también la capacidad de respuesta frente a un fenómeno cada vez más complejo y violento como lo es el narcotráfico.
