Concejo Municipal de San Carlos rechaza conciliación en caso de corrupción del 2010: regidores apuestan por justicia y no por dinero
Por unanimidad, el Concejo Municipal de San Carlos acordó este lunes no continuar con la propuesta de conciliación en un sonado caso de presunto peculado que se remonta al año 2010.
La decisión fue tomada tras un análisis más profundo del expediente judicial, y se considera un acto de responsabilidad institucional al optar por que sea la justicia la que resuelva el caso, y no una compensación económica.
El caso, tramitado bajo el expediente 23-000029-0951-PE en el Tribunal de Justicia del II Circuito Judicial de San José, en Goicoechea, involucra a exfuncionarios municipales y empresarios, quienes habrían participado en una red de irregularidades en licitaciones y contrataciones que beneficiaron directamente a familiares de la entonces jefa de proveeduría municipal, Jennifer Campos Zamora.
De acuerdo con la acusación, la empresa “Excavaciones Campos Zamora S.A.” habría utilizado a “Transportes Cruzco S.A.” como una empresa pantalla para desviar fondos públicos, generando un perjuicio económico al municipio por un monto cercano a los 108 millones de colones.
La decisión de rechazar la conciliación se da luego de que los ciudadanos sancarleños Luis Ramón Carranza y Juan Carlos Bolaños interpusieran un recurso de revocatoria contra un acuerdo adoptado el 27 de marzo anterior. En dicho acuerdo, los regidores habían aprobado una conciliación por 50 millones de colones, lo que implicaba liberar de responsabilidad a los acusados.
No obstante, la vicealcaldesa Pilar Porras informó al Concejo que se había solicitado una prórroga al juzgado para revisar en detalle el contenido de la conciliación. Este plazo, que fue concedido por el tribunal, permitió evidenciar que la aprobación inicial del acuerdo se dio sin la presencia de la asesora legal del municipio, Alejandra Bustamante, y sin un análisis jurídico riguroso.
A la luz de estos elementos y tras deliberación, los regidores concluyeron que la conciliación no solo era prematura, sino también improcedente desde el punto de vista ético y legal. “Sabia y valientemente, los regidores tomaron la decisión correcta: dejar que sea un juez quien determine las responsabilidades, en lugar de sellar un trato económico que podría poner en duda la transparencia del proceso”, opinó uno de los ciudadanos que presentó el recurso.
El caso, registrado bajo el expediente 23-000029-0951-PE, se centra en presuntas irregularidades en licitaciones y contrataciones directas que habrían favorecido a familiares de la entonces coordinadora de proveeduría municipal, Jennifer Campos Zamora.
Empresarios señalados buscan acuerdo para evitar el juicio
Los empresarios acusados son Oscar Campos Cordero y Donald Cruz Araya, quienes presuntamente se beneficiaron con más de 108 millones de colones en contratos municipales entre 2008 y 2010.
Según la acusación, obtuvieron al menos cuatro licitaciones y once contrataciones directas gracias a la influencia de Campos Zamora.
La investigación, que inició en 2010 a raíz de una denuncia del exregidor Carlos Corella ante la Contraloría General de la República, expone que “Excavaciones Campos Zamora S.A.” utilizó la empresa “Transportes Cruzco S.A.” como una pantalla para desviar fondos municipales.
Según las pesquisas, esta última no tenía maquinaria propia ni permisos de subcontratación, pero ganó las licitaciones mientras “Excavaciones Campos Zamora” ejecutaba las obras.
Dado el avance del proceso, algunos imputados intentaron negociar con la Municipalidad de San Carlos para evitar el juicio.
En 2015, los empresarios propusieron un pago de 30 millones como compensación, pero el Concejo Municipal rechazó la oferta.
Funcionarios municipales también implicados
El caso también involucra a exfuncionarios municipales, entre ellos:
Jennifer Campos Zamora, excoordinadora de proveeduría, acusada de favorecer a su familia en las adjudicaciones.
• Bernal Hernández Vásquez, exingeniero municipal, señalado por su presunta complicidad.
• Marcos Rojas, funcionario de proveeduría que aún labora en el municipio.
La acusación establece que los imputados habrían violado el artículo 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa, que prohíbe adjudicar obras a familiares de empleados con poder de decisión. También se les señala por infringir la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, que contempla penas de hasta ocho años de prisiónpara funcionarios que beneficien a sus allegados.
Juicio clave para la lucha contra la corrupción
El proceso judicial, que se desarrolla en el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública, es visto como un caso emblemático en la lucha contra la corrupción en la administración pública.
La resolución final determinará si los imputados deberán enfrentar las sanciones correspondientes o si podrán llegar a un acuerdo con la Municipalidad de San Carlos.
Mientras tanto, las autoridades municipales y la comunidad sancarleña permanecen atentas al desarrollo del juicio, que podría sentar un precedente en la transparencia de la gestión de fondos públicos en Costa Rica.
