Caso “La Trocha” retoma su curso judicial tras un mes de pausa y con nuevo tribunal
Este lunes 30 de junio se reanudará el juicio por el caso de la ruta 1856, conocida como “La Trocha”, una de las causas judiciales más complejas y mediáticas de la última década en Costa Rica. El proceso había sido suspendido el pasado 28 de mayo, luego de que la Defensa Pública solicitara un plazo de un mes para revisar a fondo el expediente, dada su extensión y dificultad técnica.
El Tribunal Penal encargado del caso también fue renovado por motivos administrativos, lo que implicó la designación de una nueva terna de jueces, encabezada por Alexander Salazar Chacón como presidente, junto a José María Arguedas Salazar y José Pablo Alvarado Cascante. Los nuevos jueces utilizaron el tiempo de suspensión para estudiar el voluminoso expediente antes de retomar las audiencias.
Se espera que el juicio continúe este lunes en horas de la tarde en las instalaciones del Segundo Circuito Judicial de San José, ubicado en Calle Blancos.
Un caso de grandes dimensiones
De acuerdo con datos del Poder Judicial, el juicio involucra a 14 personas acusadas penalmente, 10 demandadas en el ámbito civil, y cuenta con un equipo compuesto por 7 abogados defensores, 2 fiscales del Ministerio Público, 2 representantes de la Procuraduría General de la República, 2 de la Contraloría General de la República, además de 9 representaciones civiles. El proceso judicial contempla el testimonio de 98 testigos y la presentación de 512 elementos de prueba documental, clasificados en 100 cajas.
Debido a la magnitud del caso, las autoridades judiciales prevén que el juicio se extienda hasta el viernes 31 de octubre, aunque este plazo podría variar dependiendo del desarrollo de las audiencias.
El origen de “La Trocha”
El escándalo estalló el 4 de mayo de 2012, cuando la entonces presidenta Laura Chinchilla dio a conocer ante la prensa nacional una serie de irregularidades detectadas en la construcción de la ruta fronteriza 1856. El proyecto había sido lanzado durante su administración como una medida de defensa territorial ante la incursión militar nicaragüense en Isla Calero en 2010.
La idea era construir de forma urgente un camino paralelo al río San Juan, en el margen costarricense, para garantizar el acceso y la presencia del Estado en la frontera norte. No obstante, el proyecto fue señalado por presuntos actos de corrupción, mal manejo de fondos públicos, contrataciones irregulares y ausencia de estudios técnicos, lo que motivó investigaciones penales y administrativas a gran escala.
Una prueba para el sistema judicial
El juicio de “La Trocha” se ha convertido en una prueba de fuego para el sistema de justicia costarricense, no solo por la cantidad de implicados y la complejidad técnica, sino también por el impacto político y mediático que conlleva.
La reanudación del proceso será seguida de cerca por la opinión pública, en un contexto donde la lucha contra la corrupción es uno de los temas más sensibles para la ciudadanía. La expectativa es alta: tanto por la eventual rendición de cuentas como por la solidez del proceso judicial en uno de los casos más emblemáticos de la historia reciente del país.
