El conflicto entre la defensa del exministro Celso Gamboa y el director del OIJ, Randall Zúñiga, eleva la tensión en el Poder Judicial y desata acusaciones cruzadas que ponen en entredicho la independencia y estabilidad del sistema de justicia.
San José, Costa Rica – El caso Celso Gamboa, ya cargado de polémica por sus presuntos vínculos con el narcotráfico internacional y su condición de solicitado en extradición por la DEA, ha dado un nuevo y explosivo giro. Su equipo legal presentó una denuncia formal contra el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, por supuestas acciones impropias y uso indebido de redes sociales tras la detención del exministro.
Según los abogados defensores, Zúñiga habría actuado de forma parcial y tendenciosa, utilizando canales públicos para emitir opiniones y generar presión mediática en torno a un proceso que debería regirse únicamente por criterios legales. “No solo ha vulnerado el principio de objetividad que debe regir a cualquier autoridad judicial, sino que también ha dado pie a un clima de linchamiento público que compromete gravemente el derecho a la defensa de nuestro representado”, afirmó uno de los abogados.
Randall Zúñiga responde: “Buscan desmantelar el OIJ desde adentro”
Lejos de apaciguar los ánimos, la respuesta del director del OIJ fue aún más encendida. En declaraciones públicas, Zúñiga acusó a sectores poderosos de intentar socavar el trabajo de la policía judicial por medio de presiones, ataques personales y estrategias de desprestigio.
“Esto no es una coincidencia. Detrás de esta denuncia hay un intento claro de cortarle la cabeza al OIJ, de debilitar la lucha contra el crimen organizado y de enviar un mensaje a quienes nos atrevemos a tocar intereses peligrosos”, manifestó Zúñiga, visiblemente molesto.
Aunque evitó señalar directamente a la defensa de Gamboa o a algún actor político específico, sus palabras dejaron entrever que se siente blanco de una operación coordinada para minar su credibilidad y neutralizar su gestión al frente de la institución.
Contexto del conflicto: un caso que sacude al poder político y judicial
Este enfrentamiento se da en medio de la creciente controversia por un video en el que aparece Celso Gamboa ingresando al condominio Monterán, donde reside el presidente Rodrigo Chaves. En el video, grabado por el propio Gamboa, se le escucha decir con tono irónico: “Salude, que va a conocer al presidente”. El material está siendo analizado por la Fiscalía General, que no descarta usarlo como prueba dentro de una causa en desarrollo o incluso iniciar una nueva investigación.
La visita, cuya naturaleza sigue sin esclarecerse del todo, ha despertado suspicacias sobre posibles vínculos entre el exministro y figuras del poder actual, lo que agrava aún más la tensión institucional.
Denuncia aviva debate sobre independencia judicial y presiones externas
Para expertos en derecho y analistas políticos, la denuncia contra Zúñiga pone en evidencia un conflicto más profundo: el desgaste de la confianza ciudadana en las instituciones judiciales y el creciente riesgo de que intereses particulares interfieran en investigaciones de alto nivel.
“La ciudadanía está viendo un fuego cruzado en el seno del Poder Judicial, y eso debilita la percepción de imparcialidad y fortaleza institucional”, advierte Mariana Hidalgo, politóloga y analista independiente. “El hecho de que la denuncia venga de un actor investigado en un caso tan delicado hace que muchos perciban esta acción como una jugada estratégica para deslegitimar al investigador principal.”
¿Qué podría pasar ahora?
El Poder Judicial se enfrenta a un momento crítico. La Corte Suprema deberá analizar si procede investigar a Randall Zúñiga, mientras el Ministerio Público avanza en la valoración del video y otras pruebas relacionadas con el caso Gamboa. Paralelamente, la presión mediática y el clima de desconfianza continúan escalando.
Zúñiga, por su parte, ha reiterado que no dará un paso atrás en su lucha contra estructuras criminales, aunque reconoció que la situación actual lo coloca “en la mira de quienes quieren silenciar al OIJ”.
El caso no solo mantiene en vilo el destino judicial de Celso Gamboa, sino que también ha abierto una grieta preocupante dentro del sistema judicial costarricense, donde las tensiones entre la independencia institucional, el poder político y la presión pública parecen estar alcanzando su punto de ebullición.
