Comisión investigadora del «Cementazo» investigó aparente crédito por $150 mil de David Patey a Celso Gamboa a pedido del empresario Juan Carlos Bolaños imputado en dicho caso
Por Redacción PuroPeriodismo
San José – Ocho años después de que estallara el caso conocido como “El Cementazo”, nuevos elementos reactivan el interés público sobre una de las tramas político-empresariales más turbias de la historia reciente de Costa Rica, en la que convergen millonarios créditos bancarios, posibles favores políticos y ahora, una solicitud de extradición internacional contra un exmagistrado.
La más reciente novedad gira en torno a Celso Gamboa Sánchez, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y exministro de Seguridad Pública, detenido el pasado 23 de junio por el OIJ en atención a una solicitud urgente de extradición hecha por la Embajada de Estados Unidos. El exjerarca es requerido por un tribunal en Texas, donde enfrenta cargos por presunto tráfico internacional.
Un crédito que nunca se concretó… pero generó sospechas
El nombre de Gamboa ya había surgido en 2017 en la investigación legislativa del caso Cementazo, cuando la Comisión Especial que indagó el escándalo convocó al empresario David Patey –actual presidente del canal Trivisión y exdirigente del Club Sport Herediano– para declarar sobre un presunto crédito de $150.000 que le habría solicitado el empresario Juan Carlos Bolaños a favor del entonces magistrado, según detalló el medio Puro Periodismo.
Según consta en el acta de la sesión N.º 29 del 9 de noviembre de 2017 (expediente 20461), el propio Patey reconoció, bajo juramento, que Bolaños le pidió ayuda financiera para Gamboa: “Hubo una hipoteca que Juan Carlos me mencionó que quería ayudarle a un amigo con un crédito”, afirmó ante el entonces diputado y presidente de la comisión, Ottón Solís Fallas. Aseguró que finalmente no accedió al préstamo, al considerar que no tenía lógica desde un punto de vista financiero.
Pese a que el crédito nunca se concretó, el episodio quedó documentado en el informe final de la comisión y, posteriormente, fue considerado por la Corte Suprema de Justicia como un hecho relevante en el contexto de otras relaciones irregulares de Gamboa.
La caída de un magistrado
A raíz de estas y otras situaciones, la Corte Suprema ordenó en septiembre de 2017 la apertura de un proceso disciplinario contra Gamboa, que terminó con su suspensión y, meses más tarde, con la recomendación unánime de 20 magistrados para que se revocara su nombramiento. La Asamblea Legislativa ejecutó la destitución el 10 de abril de 2018, con 39 votos a favor y solo dos abstenciones.
En su resolución, Corte Plena catalogó las acciones del exmagistrado como “faltas gravísimas” que comprometieron la majestad del Poder Judicial, debido a su relación directa con Juan Carlos Bolaños, el principal imputado en el caso Cementazo.
Cementazo: un juicio pendiente y millones bajo la lupa
El caso penal relacionado con el Cementazo sigue activo y, tras años de retrasos, el juicio está programado para iniciar el 2 de noviembre de 2026 y finalizar el 22 de enero de 2027, bajo el expediente judicial N.° 16-000013-0033-TP, en el Juzgado Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José.
Juan Carlos Bolaños enfrenta 11 cargos penales, incluyendo peculado, uso de documentos falsos y tráfico de influencias. Junto a él, seis personas más serán juzgadas, incluidos exgerentes del Banco de Costa Rica (BCR), empresarios y funcionarios que habrían participado en la tramitación irregular de dos líneas de crédito por un total de $13,8 millones.
Según las autoridades, el Grupo JCB –propiedad de Bolaños– habría utilizado las mismas importaciones de cemento chino como justificación ante el BCR y el Banco Popular, duplicando así el respaldo de sus créditos.
La Procuraduría General de la República estimó en 2021 el daño social causado por este caso en ¢138.950 millones (unos $2,2 millones).
Red de influencias y reuniones bajo lupa
Durante la comparecencia legislativa de Patey, también se mencionaron presuntas reuniones del empresario Bolaños con figuras políticas como el exdiputado Otto Guevara, a quien dijo haber visto compartir con Bolaños en restaurantes e incluso en un almuerzo privado tras aterrizar en helicóptero en La Ponderosa, finca de Mario Sotela.
Si bien ninguna de estas reuniones ha derivado en imputaciones formales contra Guevara, forman parte del extenso entramado de relaciones personales y políticas que han alimentado la narrativa del caso.
¿Y ahora qué?
Con la extradición de Gamboa en trámite, el caso Cementazo toma un nuevo giro que entrelaza corrupción política, negocios bancarios y crimen organizado en una sola historia. La justicia costarricense deberá determinar no solo la responsabilidad penal de los imputados, sino también responder a una demanda ciudadana de transparencia que persiste ocho años después del estallido de este escándalo.
La complejidad del caso y la prominencia de los involucrados hacen del Cementazo no solo un proceso judicial, sino un espejo de las debilidades institucionales que permitieron que intereses privados y redes de poder se infiltraran en el corazón de las finanzas públicas y del Poder Judicial.
Un capítulo aún abierto. Una lección por escribir.
