Gobierno defiende modelo de seguridad tras reclamos de protección para refugiados nicaragüenses
? San José, Costa Rica – A raíz de una carta pública enviada el 24 de junio por la Gran Confederación Opositora Nicaragüense (GCON), en la que se advierte sobre la situación de riesgo que enfrentan miles de exiliados en Costa Rica, el Gobierno respondió asegurando que el país garantiza protección sin distinción a toda la población, incluidos los refugiados.
La GCON, coalición que agrupa a más de 25 organizaciones defensoras de derechos humanos y movimientos democráticos, manifestó en su misiva su “profunda preocupación” por el ambiente de inseguridad que afecta a más de 194.000 solicitantes de asilo y más de 9.200 refugiados nicaragüenses, según cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), actualizadas a marzo de este año.
En su respuesta oficial, la Casa Presidencial, por medio de su oficina de prensa, afirmó que “el modelo de seguridad costarricense protege al 100% de la población que habita en el país, sin distinción entre nacionales y refugiados”.
Como medida de respaldo, el Gobierno señaló que las personas que se sientan amenazadas pueden acudir a la Unidad de Atención y Protección a Víctimas y Testigos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). También indicaron que ACNUR colabora en la coordinación del acceso a mecanismos de protección judicial.
Exiliados asesinados en Costa Rica
La preocupación de la GCON se fundamenta en hechos recientes. En su carta mencionaron el asesinato de tres opositores nicaragüenses en territorio costarricense: Roberto Samcam, ocurrido el 19 de junio de 2025; Jaime Ortega Chavarría, el 28 de octubre de 2024; y Rodolfo Rojas, en junio de 2022. Estos casos, según la confederación, reflejan la creciente vulnerabilidad de la diáspora nicaragüense.
Acusan presencia de agentes del régimen
La GCON también demandó que se investigue la supuesta existencia de “células del régimen orteguista” operando clandestinamente en Costa Rica con el objetivo de vigilar, amenazar o agredir a disidentes políticos refugiados. La organización instó al Estado costarricense a reforzar su compromiso con la defensa de los derechos humanos y a crear un entorno verdaderamente seguro para quienes huyen de la persecución política y religiosa en Nicaragua.
