Celso Gamboa, exfiscal general y exmagistrado de la Sala III, contaba con el respaldo de antiguos agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes le ofrecían servicios de seguridad y asesoramiento legal, según confirmó Michael Soto, subdirector de la entidad, detalla información del Diario Extra
De acuerdo con Soto, entre tres y cinco exfuncionarios del OIJ habrían dejado sus puestos para unirse al entorno cercano de Gamboa, aprovechando su experiencia en áreas especializadas como el Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT), Crimen Organizado, Delitos Varios y Homicidios.
“Era personal altamente capacitado, con profundo conocimiento táctico. Algunos se fueron a trabajar directamente con él, en roles de asesoría o seguridad privada”, declaró Soto.
Una figura con amplio conocimiento del aparato judicial
Gamboa, quien ha ocupado cargos clave en el aparato de seguridad del Estado costarricense —incluyendo ministro de Seguridad, fiscal general, director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) y magistrado—, acumula un nivel técnico que le permite entender a fondo los mecanismos de investigación judicial, incluyendo intervenciones telefónicas, seguimiento de sospechosos, uso de informantes y otras estrategias propias de la labor policial.
Este perfil, junto con la cercanía de exagentes judiciales, le habría permitido fortalecer su entorno de defensa ante una eventual extradición, al tiempo que se abría un nuevo cuestionamiento sobre los vínculos entre exfuncionarios del Estado y personas investigadas por causas penales.
Un fenómeno recurrente y global
Soto fue claro en que esta no es una situación aislada. La contratación de exagentes por parte de personas ligadas a procesos judiciales o incluso al crimen organizado es una realidad que trasciende fronteras.
“No es un fenómeno exclusivo de este caso. Muchos exfuncionarios, algunos con rangos importantes, terminan prestando servicios a bufetes que defienden a figuras vinculadas al narcotráfico. Lamentablemente, eso ocurre en todos los países, incluso en potencias como Estados Unidos”, afirmó.
Corrupción y limitaciones tecnológicas
El subdirector también reconoció que la corrupción es un reto persistente en todos los cuerpos policiales, y que la presencia de agentes con vínculos con estructuras criminales representa una amenaza seria. Por ello, destacó la importancia de la cooperación internacional.
En particular, señaló el valor de contar con apoyo de organismos como la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), cuyas capacidades tecnológicas superan con creces las herramientas disponibles a nivel local.
“Es una carrera desigual. Los grupos criminales evolucionan, se arman de conocimiento y buscan siempre estar un paso adelante. Por eso, la ayuda internacional se vuelve indispensable”, puntualizó.
