Tras meses de separación forzosa, cientos de familias recuperarán el derecho a reencontrarse físicamente con sus seres queridos recluidos en la Unidad de Alta Contención del centro penitenciario La Reforma, en San Rafael de Alajuela. La decisión surge luego de que un juez de ejecución de la pena ordenara al Ministerio de Justicia y Paz reabrir las visitas generales y conyugales, al considerar que su suspensión violaba derechos fundamentales.
? Resolución histórica en favor de los derechos humanos
La orden judicial, emitida en días recientes por un juez de ejecución de la pena en Alajuela, señala que el cierre prolongado de visitas en esta unidad penitenciaria constituye una violación a derechos humanos esenciales, así como a tratados internacionales ratificados por Costa Rica, entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las Reglas Mandela de las Naciones Unidas sobre el tratamiento de reclusos.
A partir de esta resolución, se permitirá nuevamente el ingreso de hasta tres personas adultas por privado de libertad —además de niños con carnet de visitas aprobado— cada 15 días, por un espacio de cuatro horas.
? Organizaciones celebran la decisión
Uno de los primeros en reaccionar fue Rafael Ángel García, vocero de la Asociación Ayudando a los Privados de Libertad y sus Familias, quien calificó la medida como “una victoria humanitaria”.
“Estamos muy contentos porque muchas madres, esposas e hijos llevaban meses sin poder abrazar, ni siquiera ver de cerca, a sus seres queridos. Se estaba generando un sufrimiento innecesario que ahora comienza a revertirse”, manifestó García.
La asociación ha venido denunciando desde hace meses lo que consideraban condiciones de aislamiento extremo en esta sección de La Reforma, que alberga a internos considerados de alta peligrosidad, pero que, según la agrupación, también sufre medidas desproporcionadas en nombre de la seguridad.
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Antecedentes: meses de aislamiento y críticas por trato inhumano
La suspensión de las visitas en la Unidad de Alta Contención se implementó como medida de seguridad y control, especialmente tras una serie de episodios violentos dentro del sistema penitenciario costarricense, incluyendo fugas, amenazas a funcionarios y la supuesta infiltración del crimen organizado.
Sin embargo, estas restricciones —que ya superaban el año en algunos casos— fueron objeto de fuertes críticas por parte de defensores de derechos humanos, juristas y organizaciones civiles, quienes advirtieron sobre el deterioro emocional de los internos y el aislamiento prolongado sin justificación individualizada.
Incluso el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura había solicitado revisar esas políticas, alegando que no se pueden aplicar castigos colectivos ni limitar derechos básicos sin un debido proceso.
?? El Ministerio deberá acatar la orden
Con la orden judicial firme, el Ministerio de Justicia deberá ajustar sus protocolos para permitir el ingreso de familiares y parejas a las visitas generales y conyugales. Las autoridades penitenciarias deberán también garantizar las condiciones mínimas de privacidad y seguridad durante las visitas, sin menoscabar la dignidad de las personas privadas de libertad ni de sus visitantes.
Este fallo se considera un precedente importante en la defensa de los derechos carcelarios en Costa Rica y marca un llamado de atención al sistema penitenciario sobre la necesidad de equilibrar seguridad con tratos dignos y humanos.
La medida será monitoreada por el juzgado correspondiente y organizaciones civiles que buscan garantizar que la resolución se cumpla sin dilaciones ni obstáculos administrativos.
