San José, 22 de julio de 2025 | El Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José, sede de Hacienda y Función Pública, confirmó que del 30 de septiembre al 3 de octubre de este año se reanudará el juicio contra el exalcalde de San Carlos, Alfredo Córdoba Soro, investigado por presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución de obras financiadas con fondos públicos para los Juegos Deportivos Nacionales Zona Norte 2015.
Córdoba enfrenta acusación por peculado
Aunque el proceso en desarrollo lo señala formalmente por el delito de Pago Irregular de Contratos Administrativos, el fondo de la acusación también incluye conductas asociadas al peculado, ya que se investiga el uso indebido y desvío de recursos públicos para fines no ejecutados o mal ejecutados, lo cual podría configurar este tipo penal si se comprueba que Córdoba permitió, ordenó o facilitó pagos adelantados sin sustento legal o técnico.
El peculado está regulado en el artículo 361 del Código Penal costarricense, y consiste en que un funcionario público sustraiga o permita que otro sustraiga dineros o bienes del Estado, aprovechándose de su cargo. Es un delito grave contra la administración pública, castigado con penas de 3 a 12 años de prisión, dependiendo del monto y circunstancias del daño.
En este caso, el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER) le reclama a la Municipalidad de San Carlos la suma de ¢928 millones, correspondientes a obras que no fueron concluidas adecuadamente, en especial la pista atlética del Polideportivo de San Carlos, conocida como el Balneario, que no fue entregada conforme a las especificaciones técnicas, presenta deterioro y carece de justificación completa en su ejecución.
Contexto de las obras y la denuncia
La denuncia penal fue interpuesta por el ICODER el 7 de noviembre de 2016, tras señalar que el alcalde incumplió el Convenio 290-04-2014, el cual establecía una transferencia de ¢1.300 millones para la construcción y remodelación de infraestructura deportiva con motivo de los Juegos Nacionales 2015. Según el informe del ICODER, Córdoba pagó por adelantado a la empresa Constructora Presbere S.A. sin que esta concluyera todas las obras, especialmente la pista atlética, que sigue sin ser recibida a satisfacción por el Estado.
Tanto la entonces ministra del Deporte, Carolina Mauri, como la directora del ICODER, Alba Quesada, cuestionaron que el alcalde no entregara informes de avance, justificara retrasos por condiciones climáticas y presentara liquidaciones con inconsistencias técnicas.
Pasado judicial de Alfredo Córdoba
El exalcalde Alfredo Córdoba, quien ocupó el cargo en cinco periodos distintos y fue una de las figuras políticas más influyentes del cantón de San Carlos, ya ha enfrentado causas judiciales anteriormente.
En particular:
- En 2008, fue investigado por presunto tráfico de influencias y nombramientos irregulares, aunque en ese momento el caso no prosperó judicialmente.
- En 2012, fue señalado por el uso indebido de recursos municipales en campaña política, denuncia que tampoco llegó a juicio.
- En 2021, fue incluido en el caso “Diamante” de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, que investigaba una red de corrupción municipal en la que varios alcaldes del país —incluyendo el de San José, Johnny Araya— habrían favorecido a empresas constructoras a cambio de dádivas. En esa ocasión, Córdoba fue suspendido del cargo por seis meses como medida cautelar.
Este nuevo juicio representa el proceso judicial más avanzado en su contra y podría significar consecuencias legales más severas si se determina su responsabilidad en los hechos investigados.
Próximas audiencias
El tribunal agendó las sesiones del debate oral para los días 30 de septiembre, 1, 2 y 3 de octubre de 2025, donde se espera la presentación de prueba documental, testigos técnicos y el análisis de los informes del ICODER, así como las declaraciones de los imputados.
También está acusado el proveedor Melvin Salas Rodríguez, por el delito de incumplimiento de deberes.
La ciudadanía y las autoridades nacionales seguirán con atención este caso que pone sobre la mesa el uso y control de los fondos públicos asignados a gobiernos locales para proyectos de desarrollo y bienestar colectivo.
