El exmagistrado y exministro costarricense Celso Gamboa no logró cambiar el destino de su teléfono celular, pieza clave en una investigación internacional por narcotráfico. Un juez penal rechazó su solicitud para que el dispositivo fuera custodiado por el Tribunal Penal de San José, y no por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).
El teléfono fue decomisado por el OIJ el pasado 23 de junio, al momento de su arresto como parte del proceso de extradición que enfrenta, a petición del Tribunal del Distrito Este de Texas, Estados Unidos. Luego de su detención, el dispositivo fue entregado directamente a la DEA, según confirmó el director del OIJ, Randall Zúñiga, quien indicó que la agencia estadounidense le sigue la pista a Gamboa desde el año 2020 por su presunta participación en una red internacional de tráfico de cocaína.
Defensa sin éxito
Los abogados del exfuncionario, su hermana Natalia Gamboa y el penalista Michael Castillo, presentaron una moción ante el juzgado para que el teléfono no quedara en manos de autoridades extranjeras. Argumentaron que, dado que el proceso aún se tramita en Costa Rica, el aparato debía mantenerse en custodia nacional hasta que se resuelva la extradición.
Sin embargo, el juez desestimó la solicitud y ratificó que el dispositivo permanecerá bajo control de la DEA, por su valor como posible evidencia en el caso que se le sigue en Estados Unidos.
Un dispositivo que podría incriminar
El celular de Gamboa no es solo un objeto personal: puede ser la llave para entender la magnitud de sus presuntos vínculos con el narcotráfico internacional. Además de llamadas y mensajes, este tipo de dispositivos puede contener registros de ubicación, transferencias, comunicaciones cifradas y contactos relevantes para la investigación criminal en curso.
Las autoridades estadounidenses lo acusan formalmente por dos delitos graves: conspiración para traficar cocaína y conspiración para distribuirla a nivel internacional.
De alto perfil político al banquillo judicial
La caída de Gamboa ha sido impactante. De ocupar cargos como magistrado y ministro de Seguridad Pública, ha pasado a ser señalado como presunto integrante de una estructura delictiva transnacional. Su detención es parte de una investigación mayor que busca desarticular redes de tráfico de drogas entre América Latina y Estados Unidos.
Por ahora, su futuro legal depende de lo que resuelva el Poder Judicial costarricense y el Ministerio Público en cuanto a la solicitud de extradición. Si se autoriza, deberá enfrentar cargos en territorio estadounidense, específicamente ante un tribunal en el estado de Texas.
