Juan José Sant’Anna, exsacerdote uruguayo denunciado por abusar sexualmente de al menos 30 niños en un internado en Bolivia, ha permanecido prófugo de la Justicia de ese país por 17 años. Sin embargo, su paradero nunca fue un misterio: reside en la casa de sus padres en un barrio residencial de Salto, al norte de Uruguay, a escasos kilómetros de la frontera con Argentina.
Una reciente investigación del diario El País de Uruguay reavivó la controversia al confirmar que Sant’Anna continúa viviendo con total impunidad en su país natal, pese a las denuncias formales presentadas en Bolivia. Las autoridades bolivianas nunca lograron avanzar en su extradición, y Uruguay, hasta ahora, no ha respondido con una orden de detención.
Lejos de ocultarse, Sant’Anna lleva una vida silenciosa, casi monástica. Pasa los días encerrado en su casa y solo sale ocasionalmente, al atardecer, para dar caminatas cortas. A lo largo de casi dos décadas, apenas ha hablado con la prensa. En las contadas entrevistas que ha concedido —tres en total— ha insinuado reconocer algunos de los hechos, aunque evita asumir responsabilidades directas.
Los abusos por los que se le acusa ocurrieron mientras dirigía un internado en Bolivia destinado a niños en situación vulnerable. Varias de las víctimas, hoy adultos, han contado públicamente sus historias y han exigido justicia sin éxito. Muchos denuncian no solo la inacción judicial, sino también el silencio institucional de la Iglesia Católica, que tardó años en separar a Sant’Anna de sus funciones clericales.
La situación plantea interrogantes graves sobre los vacíos legales en casos de abusos sexuales cometidos por miembros del clero fuera de sus países de origen. También evidencia la falta de coordinación judicial entre países sudamericanos frente a crímenes de índole internacional.
A pesar del tiempo transcurrido, las víctimas no se resignan. Colectivos de derechos humanos en Bolivia y Uruguay han retomado sus reclamos, exigiendo que se reactive la orden de captura internacional. En paralelo, organizaciones que luchan contra el abuso clerical han criticado con fuerza la falta de voluntad política para dar con la detención de Sant’Anna, quien, a sus más de 70 años, aún no ha enfrentado ni un solo día de juicio.
