San Carlos, 3 de septiembre de 2025. La Municipalidad de San Carlos lanzó un llamado de urgencia a los diputados de la Asamblea Legislativa para que voten cuanto antes el proyecto de ley 24.717, iniciativa que busca establecer un marco legal que permita atender de inmediato la crisis en Crucitas de Cutris.
El alcalde Juan Diego González fue enfático al señalar que el desorden y la impunidad que imperan en la zona han cobrado vidas humanas y generado un deterioro ambiental de enormes proporciones. “Necesitamos que se apruebe este proyecto de ley para poner orden de inmediato en Crucitas. Cada día que pasa se profundiza el problema social, económico y ecológico en la región”, advirtió.
Vidas humanas en riesgo
La voz de alarma surge tras la reciente tragedia ocurrida en los túneles de minería artesanal, donde dos hermanos nicaragüenses perdieron la vida y otros coligalleros han resultado heridos en accidentes similares. Estas muertes se suman a una larga lista de víctimas asociadas a la minería ilegal, que opera sin regulación ni medidas de seguridad mínimas, exponiendo a los trabajadores a derrumbes, intoxicaciones y enfrentamientos con la Fuerza Pública.
Daño ambiental severo
El impacto ambiental en Crucitas es descrito por expertos como “irreversible” si no se toman medidas de control pronto. Los túneles improvisados y el uso indiscriminado de mercurio y cianuro han contaminado ríos y quebradas, afectando no solo la biodiversidad local, sino también a las comunidades que dependen de estas aguas para consumo humano y agricultura.
Organizaciones ambientalistas alertan que el área, originalmente destinada a proyectos de conservación, se ha convertido en un foco de deforestación, destrucción de suelos y pérdida de fauna silvestre.
Problema social creciente
El fenómeno de la minería ilegal ha atraído a cientos de personas, principalmente migrantes en condición vulnerable, que buscan subsistir en los túneles de oro. Esto ha generado tensiones sociales, explotación laboral y condiciones de vida precarias en campamentos improvisados, donde abundan la inseguridad, la trata de personas y la violencia.
La municipalidad advierte que sin un marco jurídico claro, las instituciones carecen de herramientas efectivas para actuar en el terreno. De ahí la urgencia de que los diputados conozcan y aprueben el proyecto 24.717, el cual pretende regular la gestión en Crucitas y habilitar acciones inmediatas de control, restauración ambiental y atención social.
Un llamado a la acción legislativa
“Es ahora o nunca. Si los diputados no actúan con rapidez, Crucitas seguirá siendo una bomba de tiempo que amenaza la seguridad, la salud y el futuro ambiental del país”, concluyó González.
Mientras tanto, los vecinos de la zona y las autoridades locales esperan que el Congreso dé una respuesta pronta a un conflicto que lleva más de una década sin resolverse y que, con cada día de inacción, deja más muertos, más bosque devastado y más familias atrapadas en la pobreza.
