La Fiscalía confirmó que investiga un posible delito de falsedad en la recepción de bienes y servicios en relación con las rotondas construidas en la ruta 32, un proyecto cuestionado desde sus inicios y que ahora será desechado para dar paso a pasos a desnivel, según detalla el medio CrHoy .
En Costa Rica, esta figura penal se configura cuando un funcionario o un contratista certifica, de forma indebida, que una obra pública fue ejecutada de manera satisfactoria, aunque la realidad demuestre lo contrario. Las penas oscilan entre dos y ocho años de cárcel, e incluso pueden aumentar si el hecho entorpece servicios públicos.
El caso involucra directamente al Gobierno del presidente Rodrigo Chaves Robles, que en 2022 decidió sustituir los pasos a desnivel inicialmente previstos por rotondas, con el argumento de limitaciones presupuestarias y problemas con el derecho de vía. La decisión fue defendida primero por el entonces ministro Luis Amador y más tarde por su sucesor, Mauricio Batalla, a pesar de múltiples advertencias técnicas del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme-UCR).
Sin embargo, ocho meses después de ignorar al menos cuatro alertas formales, el propio mandatario reconoció públicamente, el pasado 31 de agosto en Limón, que se había cometido un error. “Sí, sí, sí, yo sé también, lo vivo, lo sufro por ustedes. Está el tema de las rotondas en la ruta 32. Ese es un problema serio”, dijo Chaves al aceptar el fracaso del diseño.
El impacto económico tampoco está claro. El Lanamme calculó que el costo de las rotondas rondaría los $6,3 millones, aunque no confirmó la cifra exacta. Por su parte, la Federación de Trabajadores de Limón (Fetral) estima que cada una costó entre $300.000 y $400.000, lo que elevaría la inversión total a unos $3,6 millones. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) aún no ha dado a conocer el monto oficial.
Más allá del gasto, la seguridad de la ciudadanía es otro de los puntos más críticos. La arquitecta Carla Carranza, representante de Fetral, advirtió que la rotonda de Barbilla, en Matina, es un riesgo constante para escolares y peatones. “Tiene características similares a una tagada. Se construyó en un terreno con desnivel, sin muros de contención adecuados, y con tendido eléctrico cercano. A eso se suma que no hay puente peatonal ni medidas permanentes de seguridad para los transeúntes”, explicó.
Según Carranza, esta problemática se repite a lo largo de la ruta, donde tampoco se han construido suficientes pasos peatonales, aceras ni paradas de autobús. “Los estudiantes y pobladores cruzan a diario poniendo en riesgo su vida”, agregó.
Ante el panorama, la Fiscalía no descarta ampliar la investigación hacia otros funcionarios y exjerarcas del MOPT que avalaron la sustitución de diseños, decisión que ahora obliga al Estado a invertir nuevamente en pasos a desnivel.
Lo que empezó como una medida “temporal y económica” terminó convertido en un símbolo de improvisación y de potencial mal manejo de recursos públicos en una de las carreteras más importantes del país.
