San José. – El Ministerio de Seguridad Pública informó que ha reforzado la presencia policial en Crucitas, en la frontera norte de Costa Rica, debido al aumento en los hechos violentos relacionados con la extracción ilegal de oro, incluyendo muertes recientes vinculadas a enfrentamientos entre grupos de coligalleros.
La institución asegura que se han destinado más efectivos de la Policía de Fronteras y de la Policía de Migración, como parte de un plan de control en la zona, considerada uno de los principales puntos críticos de minería ilegal en el país.
Sin embargo, pese al incremento de uniformados, los reportes confirman que el oro sigue siendo sustraído de manera clandestina, mientras el Estado costarricense debe asumir un gasto mensual que supera los ?60 millones en pago de salarios, logística y operaciones policiales.
Intervenciones anteriores sin resultados concretos
El refuerzo policial no es nuevo. Desde el 2019, el Gobierno ha realizado múltiples operativos masivos en Crucitas, en algunos casos con la participación de más de 200 oficiales de diferentes cuerpos policiales. En dichos despliegues se han reportado detenciones, decomiso de oro extraído, armas, herramientas y hasta drogas.
En el 2020, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad anunció la desarticulación de varios campamentos de coligalleros dentro de los antiguos terrenos concesionados a la minera Industrias Infinito, pero a los pocos días se reportó el retorno de decenas de personas a la zona.
En 2022, un operativo conjunto con la Fiscalía permitió detener a presuntos líderes de bandas dedicadas a financiar la minería ilegal, pero los procesos judiciales se han visto limitados por la dificultad de comprobar la procedencia del oro y la reincidencia de pequeños mineros que vuelven a la actividad.
Pese a los decomisos de mercurio, plantas eléctricas, retroexcavadoras y motocicletas empleadas para trasladar material, la extracción continúa activa y las denuncias de vecinos revelan que la minería ilegal se mantiene como un negocio atractivo por la falta de empleo formal en la región.
El reto pendiente
Expertos en seguridad y en temas ambientales han señalado que, mientras no exista una estrategia integral que combine presencia policial con soluciones de desarrollo socioeconómico y alternativas productivas, la presión en Crucitas continuará.
Además del daño ambiental y los enfrentamientos violentos, la extracción ilegal representa una pérdida millonaria para el Estado, que invierte cuantiosos recursos en seguridad sin lograr frenar el robo sistemático del oro en la zona.
