La diputada oficialista Pilar Cisneros Gallo alzó la voz contra el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), al que acusa de imponer una “mordaza” al Gobierno de Rodrigo Chaves tras la resolución que prohíbe transmitir por redes sociales las conferencias de prensa del Ejecutivo durante el periodo electoral.
Según Cisneros, esta decisión no solo limita el derecho de los costarricenses a estar informados, sino que también constituye una medida desproporcionada que restringe la comunicación institucional.
“No nos van a callar. Vamos a buscar la forma para que el Presidente y sus ministros sigan rindiendo sus cuentas. Otros gobiernos no tuvieron esta mordaza y pudieron informar sin restricciones”, afirmó la legisladora, visiblemente molesta.
El TSE argumentó que la medida responde a lo dispuesto en el artículo 136 del Código Electoral, que prohíbe la difusión de propaganda institucional durante la campaña para evitar el uso de recursos públicos con fines políticos. Según la resolución, las conferencias podrán seguir realizándose, pero su transmisión no podrá efectuarse por los canales oficiales del Gobierno ni mediante redes sociales, consideradas plataformas de amplia influencia pública.
Cisneros, quien antes de ser diputada fue periodista por más de tres décadas, calificó la decisión como un “retroceso en materia de transparencia” y cuestionó que un órgano electoral limite el acceso de la ciudadanía a información oficial.
“El pueblo tiene derecho a saber qué hace su Gobierno, cómo utiliza los fondos públicos y cuáles son los resultados de su gestión. Ocultar esa información es injustificable y peligroso para la democracia”, añadió.
La medida del TSE ha generado reacciones encontradas en distintos sectores políticos y académicos. Mientras algunos defienden la decisión como un paso necesario para garantizar la neutralidad electoral, otros advierten que podría sentar un precedente que afecte la libertad de expresión y el derecho a la información.
Expertos en comunicación política señalan que el reto está en diferenciar entre la rendición de cuentas institucional y la propaganda partidista, una línea que suele difuminarse en tiempos electorales.
Por ahora, el Ejecutivo analiza alternativas para continuar informando a la población sin incumplir las disposiciones del TSE, mientras la polémica crece en medio de un ambiente político cada vez más tenso.
