La actividad minera ilegal en la zona norte de Costa Rica —sobre todo en las regiones limítrofes con Nicaragua, en cantones como Upala, Los?Chiles y el distrito de Cutris (en el cantón de San?Carlos) — ha estado ligada al uso, tráfico y decomisos del químico peligroso Cianuro de sodio, empleado para la lixiviación del oro.
- La producción de oro ilegal genera enormes ganancias, pero deja “pasivos ambientales” graves, rutas de contrabando y redes criminales.
- En Costa Rica la minería metálica a cielo abierto está prohibida desde la Ley 8904 de 2011, aunque con excepciones artesanales que se señalan como poco controladas.
- Según investigaciones, los incrementos en la importación de cianuro —y los decomisos— coinciden con la intensificación de la minería ilegal.
- En 2023, un decomiso histórico de cerca de 8 toneladas de cianuro en zona norte: en el distrito de Bijagua, Upala.
- En 2024, ya se había reportado más de 4 toneladas ( 4 330 kg) de cianuro incautadas en los operativos de la frontera norte. Un decomiso individual de 2 toneladas se registró en el cruce de El Jobo (cantón de Los Chiles) el 12 de julio.
- A nivel nacional, las importaciones de cianuro aumentaron un 623 % en una década (2014 a 2024), pasando de 62 142 kg a 449 340 kg ( 450 toneladas) según datos del Ministerio de Hacienda.
- Entre 2014 y 2024 se reportan unas 3.276 toneladas importadas en total.
3. Rutas de ingreso, transporte y actores involucrados
- Las rutas identificadas sugieren que el cianuro puede ingresar al país de manera legal o semilegal y luego desviarse hacia la minería ilegal. Una nota indica que el cargamento de 3 toneladas detenido en setiembre de 2024 provino de la zona de Río Segundo (Alajuela) con destino a la zona de Crucitas.
- En investigaciones periodísticas se señala que el negocio opera “en dos vías”: ingreso desde Nicaragua o tránsito hacia Nicaragua.
- Las autoridades reconocen que no han definido completamente la red de proveedores o responsables del tráfico del químico. “No sabemos”, señaló un viceministro de Seguridad, al referirse al origen del transporte.
- Actores implicados incluyen: transportistas camuflados, mineros ilegales, intermediarios de insumos, y zonas de extracción clandestina. Por ejemplo, el medio investigativo describe cómo el oro extraído en Crucitas pasaba por procesado en Abangares (Guanacaste) y salía como lingotes desde el aeropuerto.
Zona de alto valor ecológico
- Muchas de las áreas minadas o amenazadas están en corredores biológicos de gran valor, como el Corredor?Biológico San Juan La?Selva, que conecta territorios de Costa Rica y Nicaragua. El informe técnico sobre la minería en Crucitas destaca que allí hay más de 500 especies de aves, 120 de mamíferos y 60 de peces.
- Esa zona incluye cuencas que drenan hacia el río San Juan, lo que implica efectos transfronterizos en agua, fauna y ecosistemas.
Efectos del cianuro y la minería ilegal
- El uso sin control de cianuro para separar oro implica riesgos críticos para las aguas superficiales y subterráneas: puede haber lixiviados, alteración de pH, movilización de metales pesados, daño a sedimentos y organismos acuáticos. (Ver estudios genéricos sobre cianuro en minería).
- En Costa Rica se documenta contaminación ligada a minería ilegal, y se ha reportado un aumento de problemas respiratorios e hipertensión en comunidades de Abangares, lo que sugiere un impacto en la salud humana aunque no exclusivamente por cianuro.
- En el caso de Crucitas, el documento técnico advierte que la remoción de cobertura forestal, alteración de cuencas y vertido de residuos podrían afectar la conectividad ecológica.
Agua: vulnerabilidad, cuencas y falta de monitoreo
- Las minas ilegales suelen operar sin estudios de impacto, sin captación o tratamiento de aguas de lixiviación, lo cual agrava el riesgo de contaminación de cursos de agua próximos.
- No se encuentra en los informes públicos una base de datos sistemática de calidad del agua antes y después de los operativos de minería ilegal en la zona norte, lo que representa un vacío grave para evaluar el impacto ambiental real.
- Las cuencas que alimentan zonas protegidas o humedales (como el Refugio?Nacional?de?Vida?Silvestre?Caño?Negro) pueden estar en riesgo indirecto, aunque no hay documentación pública reciente que establezca claramente la concentración de cianuro en agua en esas cuencas en la zona norte.
5. Vacíos, desafíos y cuestiones a investigar
- Desagregación de datos: No hay un registro público que detalle año por año, cantón por cantón, las incautaciones de cianuro, lo cual dificulta un análisis longitudinal robusto para la zona norte.
- Cadena de custodia de residuos: No está claro qué sucede con el cianuro incautado: destrucción, almacenamiento, análisis de trazabilidad.
- Monitoreo ambiental: Ausencia de estudios oficiales y públicos sobre concentración de cianuro, tiocianatos u otros derivados en agua, suelo o sedimentos en las minas ilegales detectadas.
- Salud comunitaria: Aunque se reportan afecciones de salud en comunidades como Abangares, no hay estudios epidemiológicos vinculados sólo al cianuro de la minería ilegal.
- Responsabilidad legal: Las autoridades reconocen que no han logrado identificar plenamente a los proveedores o la red que abastece los cargamentos de cianuro.
- Reexportación / tráfico binacional: Según datos, casi no se registran reexportaciones oficiales, lo que genera la hipótesis de que el cianuro entra legalmente y luego se desvía (“mercado negro”).
La evidencia recopilada muestra que el decomiso de cianuro en la zona norte de Costa Rica es un indicador claro de una minería ilegal que utiliza este químico altamente tóxico, con implicaciones ambientales, sociales y legales. Las cifras que se conocen —toneladas de cianuro incautadas y un incremento en las importaciones de cientos de porcentajes— examinan solo la punta del iceberg.
No obstante, la falta de datos completos, monitoreo ambiental sistemático, trazabilidad de insumos y evaluación de impacto en aguas y salud comunitaria limita la comprensión del alcance total del daño.
Para avanzar, sería indispensable que el Estado y organismos independientes:
- publiquen un monitoreo integral (agua, suelo, sedimentos, biota) en las zonas mineras o de extracción ilegal,
- establezcan una base de datos pública sobre decomisos de químicos vinculados a la minería ilegal,
- realicen investigaciones socioambientales en comunidades afectadas (salud, bienestar, calidad de vida) vinculadas a la minería ilegal,
- fortalezcan mecanismos de cadena de custodia y control en la importación, transporte y uso de cianuro.
