Expresidentes rechazan señalamientos externos y respaldan la institucionalidad electoral de Costa Rica
Ocho expresidentes de la República lanzaron este martes un mensaje contundente a la comunidad internacional, luego de que el congresista estadounidense Mario Díaz-Balart insinuara que el proceso para solicitar el levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves podría comprometer la estabilidad democrática del país.
En un comunicado conjunto, los exmandatarios defendieron la fortaleza del sistema democrático costarricense y la independencia del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), institución que —recordaron— ha sido históricamente garante de la transparencia y la legitimidad de los comicios.
Las declaraciones de Díaz-Balart, publicadas en su cuenta de X, advertían que la eventual suspensión de un mandatario mediante “mecanismos ambiguos”, especialmente a pocos meses de las elecciones, podría poner en riesgo la credibilidad del proceso democrático. Sus palabras generaron preocupación sobre la imagen internacional de Costa Rica y provocaron una reacción inmediata de los exjefes de Estado.
“Las preocupaciones desde el exterior no son las correctas”
Oscar Arias, Rafael Ángel Calderón, José María Figueres, Miguel Ángel Rodríguez, Abel Pacheco, Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado firmaron el pronunciamiento. En él subrayaron que, aunque ellos mismos han expresado inquietud por las tensiones institucionales durante el actual gobierno, las críticas provenientes del extranjero no reflejan adecuadamente la realidad del marco jurídico nacional.
Los expresidentes recalcaron que los procedimientos constitucionales para solicitar el levantamiento de la inmunidad están claramente establecidos y forman parte del equilibrio de poderes que caracteriza al sistema político costarricense. Además, enfatizaron que las instituciones siguen funcionando sin interferencias que justifiquen dudas sobre la legitimidad democrática.
El mensaje conjunto busca enviar una señal de cohesión interna y reafirmar que los debates políticos actuales se desarrollan dentro del ordenamiento jurídico, sin poner en entredicho la solidez de un modelo democrático reconocido a nivel mundial.
