• Gobierno cuestiona la presencia de supuestas estructuras irregulares en la zona, mientras vecinos alegan más de 50 años de vivir allí.
• Ministro Mario Zamora afirma que solo 10 de las 70 familias son costarricenses.
• Municipalidad de San Carlos es señalada por la escasa o nula defensa de los habitantes.
Las declaraciones del presidente Rodrigo Chaves y del ministro de Seguridad, Mario Zamora, generaron fuertes reacciones este martes, luego del desalojo realizado ayer en el sector de Las Chorreras de Cutris, San Carlos, donde unas 70 familias fueron removidas por orden judicial al encontrarse dentro de una finca en disputa.
Durante su intervención pública, Chaves aseguró que en la zona habían actuado “mafias” que impulsaban movimientos para invadir propiedades privadas, y se refirió a grupos de “coligalleros” que, según dijo, buscan adueñarse de tierras ajenas. Las palabras provocaron indignación entre los vecinos desalojados, quienes afirman tener más de 40 y hasta 50 años de residir en el lugar, muchos con generaciones completas nacidas allí.
“El presidente claramente desconoce la realidad de Las Chorreras. Aquí no hay mafias, aquí hay familias trabajadoras que toda la vida han vivido en estos terrenos”, expresaron algunos afectados tras las declaraciones.
Por su parte, el ministro Mario Zamora añadió que, según datos manejados por Seguridad Pública, solo 10 de las 70 familias serían costarricenses, mientras el resto correspondería a personas extranjeras en condición irregular. Este señalamiento fue rechazado por los habitantes, quienes argumentan que muchos cuentan con arraigo y décadas en la comunidad.
Desalojo entre tensión y presencia policial
El operativo de desalojo se llevó a cabo ayer en horas de la mañana, con una fuerte presencia policial, equipos antimotines y maquinaria para remover estructuras. Varias viviendas humildes fueron demolidas y todavía hoy sus habitantes intentan recuperar pertenencias entre los restos.
Durante la acción se reportó la detención de la dirigente comunal y presunta candidata a diputada, Susan Rodríguez, por supuesta obstrucción y resistencia a la autoridad. Rodríguez es presidenta de CoopeOro, una asociación local que ha acompañado a las familias en la defensa de su permanencia en el sitio.
Los vecinos no solo lamentan la pérdida de sus hogares, sino también la falta de acompañamiento institucional antes, durante y después del desalojo.
Críticas a la Municipalidad de San Carlos
Uno de los señalamientos más fuertes recae sobre la Municipalidad de San Carlos, que —según denuncian los habitantes— poco o nada hizo para defender su permanencia, pese a tratarse de familias que, aseguran, tienen décadas de vivir en el lugar.
El alcalde sancarleño, Juan Diego González, explicó que la Municipalidad acató la sentencia judicial, pero reconoció que la situación social es compleja. No obstante, vecinos reprochan que la institución no presentó una defensa robusta ni acciones para proteger el derecho al arraigo de los habitantes, especialmente cuando muchos de ellos incluso aparecen en registros municipales y han pagado tributos por años.
“La Municipalidad se ha limitado a repetir que solo cumplen la orden del juez, pero no defendieron a estas familias que llevan toda la vida aquí”, reclamaron varios afectados.
Un conflicto que vuelve a encender la discusión sobre tenencia de tierras en la zona norte
El caso de Las Chorreras revive un debate recurrente en la frontera norte: la falta de regularización de tierras, los históricos asentamientos rurales y la presencia de familias con décadas de vivir en zonas en disputa legal.
Mientras los habitantes esperan una respuesta humanitaria sobre adónde irán y qué apoyo recibirán, las declaraciones del presidente y el ministro han tensado aún más el panorama, dejando a decenas de personas sin hogar y señaladas públicamente como parte de estructuras irregulares.
