Esto fue lo dice el gobierno con respecto al desalojo de algunas familias que tienen 40 años de vivir aquí:
Gobierno ejecuta desalojo y demolición de estructuras en zona de minería ilegal en Chorreras de Cutris
El Gobierno de la República confirmó este martes la demolición de estructuras y el desalojo de decenas de personas que permanecían de manera irregular en la comunidad de Chorreras, en Cutris de San Carlos, sector señalado como una de las rutas más utilizadas para el ingreso a Vivoyet (Crucitas) y para diversas actividades ligadas a la minería ilegal.
La intervención se realizó en cumplimiento de la resolución 25-000857-306-PE del Tribunal Penal del II Circuito Judicial de Alajuela, que ordenó el retiro inmediato de ocupaciones irregulares y dio un plazo de dos meses al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) para ejecutarlo.
Zona de alto riesgo delictivo
Según información del Ministerio de Seguridad Pública, la zona operaba como un corredor de acceso a delitos como:
- extracción ilegal de oro,
- tráfico y trata de personas,
- trasiego de drogas,
- contaminación de fuentes de agua,
- deforestación,
- comercio informal no autorizado,
- movimientos transfronterizos sin control.
Las personas desalojadas se dedicaban mayoritariamente a la minería artesanal ilegal y a la construcción de estructuras improvisadas para mantener la actividad en la zona.
Impacto ambiental y presión sobre un refugio de vida silvestre
El MINAE y el SINAC recordaron que Chorreras forma parte de la zona de amortiguamiento del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque, un sitio de alta sensibilidad ecológica que integra el Corredor Biológico San Juan–La Selva.
La presencia de coligalleros había provocado, según la institución, afectación a especies silvestres y deterioro de cuencas hídricas.
Gobierno presiona por proyecto para regular minería en Cutris
El comunicado oficial también insistió en la necesidad de aprobar el proyecto de ley 24.177, que propone regular y autorizar la minería metálica a cielo abierto en Cutris mediante un esquema de concesiones entregadas a través de subastas públicas.
Las autoridades argumentan que ordenar la actividad por la vía legal permitiría reducir la presencia de mineros ilegales y establecer controles ambientales y de seguridad.
Advertencia del Tribunal Penal
El Tribunal Penal advirtió que cualquier persona que intente reinstalarse en el lugar incurre en desobediencia a la autoridad judicial, lo que puede derivar en sanciones penales.
Compromiso institucional
El Gobierno aseguró que mantendrá los operativos de vigilancia para prevenir nuevas ocupaciones, reforzar la seguridad en la zona norte y proteger los ecosistemas afectados por la actividad minera ilegal.
