Alcaldía de San Carlos se lava las manos ante caso Chorreras
Municipio solo admitió incapacidad para ejecutar demolición ordenada por un juez y es señalada por no defender a 70 familias con más de 40 años de vivir en la zona
Expediente: 25-000857-0306-PE
Tema: Demolición de estructuras en Las Chorreras, Cutris
La polémica por la orden de demolición en Las Chorreras, en el distrito de Cutris, continúa escalando luego de confirmarse la sentencia del Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, sede San Carlos, que obliga a la demolición de 77 viviendas, 3 comercios y una escuela pública cuyo código pertenece al Ministerio de Educación Pública (MEP). El plazo judicial establecido habría vencido el 22 de noviembre, aumentando la presión sobre las instituciones involucradas.
Ayer un contingente de policías y maquinaria pesada se apersonó a Chorreras para hacer la demolición
En este contexto, diversos vecinos y líderes comunales acusan a la Municipalidad de San Carlos de haber realizado una pobre —o nula— defensa jurídica para evitar el desalojo y demolición, pese a que en el sector viven alrededor de 70 familias que llevan más de 40 años asentadas en la zona.
Según señalan, la Municipalidad se habría limitado a indicar que acata la orden del juez, pero no a defender los derechos de estas familias, su arraigo y las décadas de permanencia en el lugar.
Municipalidad reconoce la sentencia, pero admite que no tiene cómo cumplirla
El alcalde Juan Diego González Picado confirmó la existencia de la sentencia y reconoció que la Municipalidad está formalmente obligada, junto al SINAC y la Fuerza Pública, a ejecutar la demolición y disponer los escombros. Sin embargo, también admitió que el municipio no tiene la capacidad operativa ni económica para hacerlo.
En la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 13 de octubre de 2025 (Acta 61-2025, pág. 126), González declaró:
“Efectivamente, con la sentencia judicial sobre el caso de Chorrera, se obliga a la Municipalidad de San Carlos en conjunto con el SINAC y la Fuerza Pública a realizar la demolición.
No solo la demolición, sino también la disposición de esos escombros.
Yo he sido muy claro […] de que para nosotros es imposible hacer esa demolición. No tenemos los recursos, no tenemos las cuadrillas, no tenemos las vagonetas ni el equipo necesario para poder hacer lo que exige esa sentencia.
Por ahí se han valorado otras alternativas, pero no quisiera anticiparme.
Lo que sí le puedo decir es que la sentencia nos obliga, junto a otras instituciones, a realizar la demolición y el desalojo.
Y aprovecho para decirle algo que creo que usted ya sabía: no tenemos la capacidad para hacerlo.
Críticas por la falta de defensa municipal
Vecinos señalan que, desde el inicio del proceso judicial, la Municipalidad de San Carlos no presentó una defensa sólida en representación de la comunidad. Según los afectados:
- No hubo argumentación sobre el arraigo de las familias, muchas de ellas con más de cuatro décadas en el sitio.
- No se gestionaron alternativas legales, como medidas provisionales, revisiones de posesión histórica o la posibilidad de una solución habitacional.
- El municipio únicamente ha reiterado que “acata lo dispuesto por el juez”, sin promover acciones para proteger a las familias y evitar la pérdida total de sus viviendas.
Incertidumbre total para las familias
Mientras el municipio reconoce que está obligado por la sentencia pero afirma que no tiene cómo cumplirla, las familias de Chorreras permanecen en un limbo jurídico y social.
No hay claridad sobre:
- Quién ejecutó la demolición
- ¿Qué alternativas tendrán las familias?
- ¿Qué ocurrirá con la escuela pública?
- ¿Qué instituciones asumirán responsabilidad por estas comunidades históricas?
La situación continúa desarrollándose, y tanto el Concejo Municipal como el Gobierno Central deberán pronunciarse ante el impacto humano y social que implica la eventual demolición de un poblado con más de 40 años de existencia.
