Golpean al eslabón más débil: desalojan a Chorreras mientras silencian a hoteles y finqueros instalados en la milla fronteriza
El Gobierno y las leyes de este país volvió a demostrar que en Costa Rica la ley no pesa igual para todos. Mientras comunidades costeras, hoteles de lujo y plantaciones agrícolas completas llevan décadas operando tranquilamente dentro de la milla fronteriza sin que nadie las toque, Chorreras —un pueblito sancarleño pobre, olvidado y con más de 49 años de historia— fue desalojado sin contemplaciones. La cuerda, una vez más, se reventó por lo más delgado.
Chorreras, en Cutris, es una comunidad humilde, nacida del trabajo campesino, con una escuelita, casas construidas con sacrificio y vecinos que han vivido allí generaciones enteras. Sin agua potable garantizada, sin seguridad, sin servicios básicos: esa ha sido la “presencia del Estado” durante medio siglo. Su gran pecado no fue invadir ni ser un centro criminal, como insinuaron Chaves y Zamora. Su pecado fue ser pobre, estar cerca de una mina de oro y, para colmo, quedar en una zona donde la propia Policía nunca hizo su trabajo para frenar el ingreso de indocumentados.
Pero ahora, convenientemente, sí aparecen los operativos y el discurso de mano dura.
Una doble moral descarada
Si el argumento es “la ley es la ley”, entonces el gobierno deberá desalojar también a las decenas de familias que viven hace más de 50 años en Boca San Carlos, Cureña y Cureñita, todas igualmente asentadas en la milla fronteriza.
¿O la ley solo se aplica donde no hay intereses económicos?
Porque si vamos a ser estrictos, también deberían correr a los hoteles, mansiones, urbanizaciones turísticas y plantaciones agrícolas de grandes empresarios que operan exactamente bajo las mismas condiciones legales. En la Zona Norte sobran ejemplos: fincas enteras de monocultivo ubicadas dentro de la franja fronteriza, proyectos turísticos pegados al río San Juan, construcciones que llevan décadas ahí sin una sola amenaza de desalojo.
Pero claro… “lo que es bueno para el ganso debería ser bueno para la gansa”, aunque en este país parece que no.
Un desalojo que genera más inseguridad
Chorreras no solo fue abandonada por el Gobierno: también por la Municipalidad de San Carlos, que nunca defendió a su gente. Esa comunidad —pequeña, rural, trabajadora— servía además como barrera humana contra el ingreso de indocumentados y el movimiento de mafias.
Hoy el Gobierno la vaciará, dejando la zona más vulnerable que antes, porque donde antes había vecinos vigilantes ahora solo habrá monte y caminos solitarios.
La gran pregunta que nadie responde
¿Por qué se ensañaron con Chorreras y no con las otras decenas de comunidades en la misma situación?
¿Por qué desalojar a familias pobres y no tocar hoteles, desarrollos turísticos o fincas de grandes empresarios instalados en la milla fronteriza?
¿Por qué Chaves no aplicó esa misma “fuerza” en Gandoca-Manzanillo o en las playas del Pacífico, donde también existen ocupaciones dentro de áreas protegidas?
Chaves y Zamora criminalizan a un pueblo de 40 años
El presidente Rodrigo Chaves y el ministro Mario Zamora optaron por la salida más fácil: estigmatizar a una comunidad sancarleña trabajadora, retratándola como “forajidos” y “coligalleros” en lugar de reconocer lo evidente: Chorreras existe porque el Estado los dejó allí, porque nunca les dio una alternativa, porque nunca llegó con agua, seguridad ni vivienda digna.
Los verdaderos sancarleños sabemos que Chorreras no es un nido de delincuentes. Es un pueblo que nació y creció en el abandono estatal.
Lo que ocurrió es un golpe político, una acción selectiva y una injusticia que desnuda un país que castiga la pobreza pero se arrodilla ante el poder económico.
La pregunta sigue abierta —y retumba más fuerte que nunca—:
¿Qué intereses se mueven detrás del desalojo de Chorreras? ¿Y quiénes se benefician con que ese territorio quede vacío?
