Opinión | Desalojo de Chorreras
Mientras finqueros y grandes monocultivos instalados en plena milla fronteriza continúan intocables, el Estado descargó todo su peso sobre Chorreras de Cutris, un pequeño poblado campesino con más de 49 años de historia, inversión pública acumulada y presencia institucional comprobable.
No es una invasión reciente. No es un asentamiento improvisado. No es un campamento coligallero.
Es una comunidad sancarleña donde por décadas hubo escuela, caminos financiados por el MOPT hasta un tajo activo, antenas de comunicación, presencia del Inder y familias con recibos, constancias, arriendos y décadas de arraigo.
Aun así, fue desalojada y demolida en cuestión de horas.
El operativo: cuando el Estado se contradice a sí mismo
El Ministerio Público —a través de la Fiscalía Ambiental— dirigió un operativo que terminó en:
- La demolición de más de 70 estructuras.
- El desalojo forzado de familias con ocupación previa a 1994.
- La clasificación de toda la comunidad como “ocupantes ilegales”, ignorando su historia y documentos que acreditan presencia desde los años setenta y ochenta.
Pero además hay un elemento clave:
el propio expediente ambiental confirma que el desalojo nunca debió ejecutarse en esas condiciones.
El oficio SETENA-DT-ASA-3008-2025 establece que:
- No existe expediente ambiental.
- No hay estudio ni viabilidad ambiental.
- No existe autorización para intervenciones en la zona.
Esto no ordenaba suspender el proceso, pero sí creaba un impedimento técnico–legal para cualquier intervención estatal. Aun así:
- Fuerza Pública
- Municipalidad de San Carlos
- MOPT
- MINAE
- Inder
- El Juzgado Penal
avanzaron con demoliciones sin cumplir el requisito ambiental previo, lo que abre la puerta a posibles delitos como abuso de autoridad, ejecución ilegal de un acto administrativo o incluso prevaricato ambiental.
El Juzgado Penal tampoco actuó conforme correspondía
La resolución judicial presentada indicaba:
“Se confiere audiencia a las partes dentro de TRES DÍAS…”
Mientras esa audiencia estuviera abierta, el juez no podía ejecutar la medida sin escuchar a todas las partes, pues la orden quedaba en suspensión temporal de facto.
Aun así, la maquinaria entró, destruyó y desalojó.
El doble estado: mano dura para los pobres, silencio para los poderosos
Chorreras es un pueblo humilde, sin agua potable, con una escuelita que el propio Estado construyó y una población campesina atrapada entre los intereses del oro ilegal de Indio Maíz y Crucitas.
Ahí nunca hubo suficientes policías, nunca hubo inversión social, nunca hubo vivienda digna.
Pero ahora, convenientemente, sí aparecieron los operativos masivos.
Y si el argumento es “la ley es la ley”, habría entonces que desalojar también:
- Las decenas de fincas agrícolas instaladas dentro de la franja fronteriza.
- Las familias que viven hace 50 años en el Refugio Corredor Fronterizo Norte.
- Las construcciones privadas en zonas protegidas que jamás han recibido un oficio, una amenaza ni una visita del Estado.
La pregunta cae por peso propio:
¿O la ley solo aplica donde no hay intereses económicos?
Un desalojo que aumenta la inseguridad
¿Quién resguardará ahora esas tierras?
¿El MSP? ¿El Minae? ¿El SINAC?
Ninguna de estas instituciones tiene capacidad financiera, logística ni personal para mantener presencia permanente en un sitio donde ni siquiera pueden habilitar un puesto policial básico.
Esto significa que el Estado desalojó para luego abandonar, dejando un vacío que otros —no precisamente la paz— llenarán.
Los estigmas como arma política
Llamar “forajidos”, “coligalleros” o “invasores” a 40 años de historia es desconocer la esencia de San Carlos.
Chorreras existe porque el Estado lo permitió, lo atendió y lo reconoció de facto, y porque nunca brindó una alternativa digna.
La pregunta que nadie contesta
Hoy las familias están fuera y las casas están en el suelo.
Pero el territorio sigue ahí.
Libre. Disponible. Codiciable.
Y por eso la pregunta es inevitable:
**¿Qué intereses se mueven detrás del desalojo de Chorreras?
