La humilde escuelita de Chorreras de Cutris, en San Carlos, ya no existe. Esta semana, las máquinas entraron sin pausa y la demolieron en cuestión de horas. De aquel pequeño edificio, levantado décadas atrás por el propio Ministerio de Educación Pública, solo sobreviven fotografías amarillentas: niños sonrientes con su diploma en la mano, padres orgullosos, maestras que enseñaban con lo poco que tenían.
Hoy, esos recuerdos quedaron enterrados bajo la tierra removida por los tractores.
Durante más de cuatro generaciones, esa escuelita fue el corazón de una comunidad que siempre estuvo en el olvido. Allí se enseñaba, se jugaba, se celebraban actos cívicos, se entregaban diplomas y, sobre todo, se formaban ciudadanos que solo querían una vida digna.
Pero la historia cambió de la noche a la mañana.
73 familias a la calle y un sello de delincuentes que no les pertenece
El saldo de la intervención:
73 familias desalojadas, muchas de ellas con niños pequeños, personas adultas mayores, madres solas y trabajadores agrícolas que por años han sostenido la economía local.
El Estado los acusa de precarismo, de minería ilegal, de invadir la llamada “milla fronteriza”. Los trata como delincuentes, como coligalleros, como extranjeros ilegales, pese a que buena parte de ellos son costarricenses o nicaragüenses nacidos y criados en Costa Rica, con cédula escolar, recibos de luz, testimonios y hasta documentos que demuestran arraigo de más de cuatro décadas.
Mientras tanto, hoteles, fincas privadas y poderosos intereses económicos también se encuentran dentro o muy cerca de zonas de protección fronteriza… pero ahí no llegan los tractores, ni los allanamientos, ni los discursos inflamados desde Casa Presidencial.
Una comunidad sin servicios… y sin Estado
Chorreras ha sido una comunidad abandonada por el mismo Estado que ahora la señala.
No hay agua potable estable, no hay vigilancia policial, no hay carreteras en buen estado ni inversión pública.
La escuelita, pese a sus paredes desgastadas, era uno de los pocos símbolos de presencia institucional. Y aun así, estaba vieja, con goteras, sin suficientes pupitres y sin mantenimiento.
La respuesta del gobierno no fue reconstruirla.
Fue demolerla.
Los niños: los grandes invisibles del desalojo
En medio de todo, los más afectados fueron los niños.
Niños que quedaron sin escuela, sin cuadernos, sin pupitre y ahora, sin casa.
Niños que fueron testigos del derribo del único lugar donde podían aprender, jugar y sentirse seguros.
Madres relatan cómo sus hijos lloraban al ver caer las paredes donde aprendieron sus primeras letras. El gobierno, lejos de escucharlos, se limitó a repetir el discurso de “rescatar un territorio tomado por delincuentes”, ignorando completamente el impacto emocional y educativo de su decisión.
La niñez de Chorreras no apareció en ningún comunicado oficial.
No hubo plan alternativo, ni reubicación, ni apoyo psicológico, ni transporte escolar garantizado.
Simplemente quedaron fuera del mapa.
Intereses que pesan más que las familias pobres
La zona de Cutris y sus alrededores lleva años marcada por intereses de alto calibre:
- presiones para controlar territorios fronterizos,
- disputas políticas,
- tensiones por minería legal e ilegal,
- presiones de empresas y grandes finqueros,
- e incluso operaciones policiales enfocadas más en la imagen que en soluciones reales.
En medio de ese juego de poder, las familias de Chorreras eran las más fáciles de desplazar: pobres, sin influencias, sin abogados caros.
Eran la cuerda por donde era más sencillo reventar.
El resultado: una comunidad rota y un Estado que se desentiende
Hoy, Chorreras es un pueblo fracturado.
La escuela está destruida.
Las familias no saben dónde dormir.
Los adultos perdieron trabajo y estabilidad.
Los niños ya no tienen dónde estudiar ni dónde jugar.
El Estado, que por décadas fue incapaz de darles seguridad, educación adecuada y servicios básicos, ahora se lava las manos amparándose en una orden judicial… pero añade, además, el peso del estigma.
Los llamó precaristas.
Los llamó mineros ilegales.
Los llamó delincuentes.
Les negó su identidad y su historia.
Una comunidad de más de 40 años reducida a un estereotipo
Chorreras no es un “campamento de forajidos”, como algunos han querido vender.
Es un pueblo de más de cuatro décadas, con familias trabajadoras, con niños que se graduaron en esa escuelita, con una comunidad que sobrevivió sin Estado, y que ahora es castigada precisamente por esa ausencia estatal.
Hoy, entre los escombros de la escuela demolida, quedan los restos de una historia que el gobierno prefirió borrar antes que atender.
Un símbolo clarísimo de cómo en Costa Rica, cuando se trata de comunidades pobres, la institucionalidad llega tarde… o llega con un tractor.
