El ambientalista y candidato a diputado del Frente Amplio, Edgardo Araya, alzó la voz este viernes para solidarizarse con las 73 familias desalojadas recientemente en Chorreras de Cutris, San Carlos, tras más de 40 años de vivir en la milla fronteriza.
Araya cuestionó duramente el accionar estatal y señaló que, aunque exista una orden judicial, no es aceptable expulsar a personas que por décadas recibieron aval y servicios del propio Estado.
“El Estado toleró y permitió que estas familias se radicaran ahí; les puso luz, escuela, caminos. No se les puede echar de la noche a la mañana como perros”, expresó.
El candidato afirmó que el desalojo en Chorreras no es un hecho aislado, pues situaciones similares afectan a comunidades como Boca San Carlos y Cureña, donde también existen asentamientos históricos en territorios fronterizos o protegidos sin que el Estado haya actuado a tiempo para ordenar, regular o reubicar con dignidad.
“No pueden tratarlos como si fueran delincuentes
Araya insistió en que el Estado debió prever y planificar cualquier eventual desalojo, garantizando el acompañamiento institucional correspondiente.
“Indistintamente de la orden judicial, el propio Estado permitió que se ubicaran ahí. Ahora no pueden sacarlos como a un perro”, enfatizó.
Reclamó que en un proceso de este tipo se debe involucrar a instituciones como el IMAS, el Inder y el PANI, para proteger a las familias, los menores y adultos mayores afectados.
“Eso no se le hace a nadie, no se tira a la gente a la calle. Hay maneras correctas de hacer estas cosas”, añadió.
Araya aseguró que el Frente Amplio coincide plenamente con esta visión: el Estado tiene una responsabilidad ineludible con las personas que, durante décadas, vivieron en asentamientos que el mismo aparato público toleró, habilitó y atendió sin regularizar.
Un desalojo que marcó a toda una comunidad
El pasado mes, autoridades judiciales y policiales ejecutaron el desalojo de 73 familias en Chorreras, algunas con más de cuatro décadas de residir en la zona.
Los vecinos denunciaron que fueron tratados “como delincuentes”, pese a que muchas viviendas estaban allí desde antes de que existiera un control real sobre la milla fronteriza.
La intervención generó fuertes críticas de organizaciones sociales, líderes comunales y ahora del Frente Amplio, que advierten que el país necesita una política seria, humana y ordenada sobre los asentamientos históricos en zonas ambientalmente sensibles o dentro de áreas protegidas.
