Observatorio denuncia desaparición de seis niños ticos durante demolición en Chorreras y alerta de posibles responsabilidades del Estado
El Observatorio Ciudadano que Construye Territorios Seguros lanzó una grave advertencia tras los operativos de demolición ejecutados en la comunidad de Chorreras, en Cutris de San Carlos: seis niños y niñas costarricenses habrían desaparecido durante la intervención estatal.
La organización habla incluso de un “genocidio ambiental y humano”, asegurando que las acciones de más de diez instituciones públicas provocaron una ruptura familiar, social y territorial sin precedentes en esta comunidad fronteriza.
Según el Observatorio, tras la demolición de viviendas y estructuras, varias familias quedaron dispersas, sin acompañamiento institucional y sin un registro claro de la ubicación o destino de los menores, quienes —afirman— habrían quedado fuera del alcance efectivo de la protección del Estado, pese a su nacionalidad y a los mecanismos legales que deben resguardar su integridad.
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Demoliciones en zona fronteriza: un operativo cuestionado
La intervención estatal en Chorreras incluyó el ingreso de múltiples instituciones que ejecutaron la demolición de viviendas consideradas irregulares. Sin embargo, la organización ciudadana señala que el operativo se llevó a cabo sin protocolos adecuados para garantizar la seguridad infantil, el debido proceso y la integridad de las familias.
Vecinos denunciaron pérdidas de pertenencias, destrucción de hogares habitados y desplazamientos forzados sin una estrategia previa de acompañamiento social.
El Observatorio sostiene que, tras estas acciones, la comunidad quedó “en estado de desamparo”, con familias incomunicadas, niños desaparecidos y un daño ambiental y humano incalculable.
La desaparición de menores en medio de un operativo estatal podría acarrear responsabilidades administrativas, civiles y penales, dado que Costa Rica es firmante de convenios internacionales y posee legislación estricta en materia de protección de la niñez.
Entre las posibles repercusiones se encuentran:
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1. Violación del Código de la Niñez y Adolescencia
El Estado está obligado a garantizar el principio de interés superior del niño. Cualquier acción que ponga en riesgo la integridad o ubicación de un menor constituye una falta grave.
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2. Responsabilidad por omisión y falta de protocolos
Si se confirma que no hubo un plan previo para identificar, proteger o reubicar a los menores antes de proceder con las demoliciones, las instituciones participantes podrían responder por negligencia institucional.
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3. Posibles delitos relacionados con desaparición o abandono
Aunque no exista una intención directa, la desaparición de niños bajo custodia o supervisión indirecta del aparato estatal podría abrir investigaciones por omisión de auxilio, incumplimiento de deberes o abandono, según lo determine el Ministerio Público.
El caso podría escalar a instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues involucra población menor de edad, territorio fronterizo, posible desplazamiento forzado y destrucción de vivienda.
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Llamado urgente a los medios y organismos de derechos humanos
Ante la gravedad de lo ocurrido, el Observatorio convocó a medios nacionales e internacionales a una jornada de observación en Chorreras para documentar la situación actual de las familias afectadas, recoger testimonios y verificar el estado de la comunidad tras la intervención estatal.
La organización exige que las autoridades aclaren el paradero de los menores, brinden explicaciones sobre los protocolos utilizados durante la demolición y asuman las responsabilidades que correspondan.
“La comunidad de Chorreras lo merece y Costa Rica lo necesita”, concluyó el Observatorio, insistiendo en que la protección de la niñez debe ser una prioridad absoluta del Estado, incluso en intervenciones complejas en zonas fronterizas.
