Crucitas vuelve a colocarse en el centro del debate nacional, esta vez entre llamados a “poner orden” y promesas recicladas de desarrollo económico. Sin embargo, detrás de estos discursos se esconde una realidad incómoda: durante años, a quienes hoy levantan la voz nunca les interesó realmente la gente de esta comunidad fronteriza. Por el contrario, promovieron —o al menos toleraron— la presencia masiva de coligalleros, permitiendo el caos ambiental y social que hoy utilizan como argumento para revivir la vieja historia de la minería a cielo abierto, detalla el candidato a diputado por el Frente Amplio Edgardo Araya
“El mensaje es claro: que no le engañen. La minería industrial en Crucitas no va a sacar de la pobreza a las familias. La experiencia internacional lo demuestra: las comunidades terminan más pobres, más enfermas y más dependientes. Lo que hoy se impulsa desde el Gobierno y sus aliados legislativos es, en esencia, la resurrección del proyecto minero de la administración Arias con Industrias Infinito.
Este plan propone transformar los cerros Fortuna y Botija en un enorme cráter de 50 hectáreas —unas 50 veces el tamaño de un parque comunal— y 80 metros de profundidad, suficiente para “tragar” la torre del Banco Nacional. Junto a ello, el riesgo de romper el acuífero regional del que dependen miles de familias desde Coopevega hasta la frontera con Nicaragua.
¿El beneficio para Costa Rica? Apenas un 5% de las ganancias que la empresa declare. ¿El costo? 150 hectáreas de lagunas de relaves contaminadas con cianuro, cuya degradación tardaría décadas. Es, en términos sencillos, como proponer arrancarnos el brazo para curar una llaga.
Sí, la actividad de los coligalleros ha provocado un enorme daño ambiental y social. Y sí, urge detenerla. Pero la “solución” planteada es —según especialistas, comunidades y organizaciones ambientales— mil veces peor que la enfermedad.
Una alternativa distinta
En paralelo, avanza en la Asamblea Legislativa una propuesta que plantea un camino diferente:
- Que el Estado adquiera la finca y cierre el acceso, tanto físico como digital, a la zona.
- Que instale una Comandancia real para controlar el territorio.
- Que ejecute un proceso de saneamiento del mercurio derramado, del cual se estima podrían recuperarse $400 millones en oro residual, el doble de lo que recibiría el país con la explotación a cielo abierto.
- Y que posteriormente se impulse un esquema de tokenización del oro en roca dura, capaz de generar entre $1.000 y $2.000 millones adicionales.
La distribución propuesta de esos recursos es directa:
- 50% para los distritos con menor desarrollo humano de la Región Huetar Norte.
- 50% para fortalecer el régimen de IVM y el seguro de salud de la CCSS.
La promesa: una reactivación económica justa, sin sacrificar el medio ambiente ni hipotecar el futuro de Cutris y de toda la zona norte.
Crucitas merece una solución seria, responsable y sostenible. Y las comunidades merecen que el país piense en ellas, no en los intereses de unos pocos”
