Zamora insiste en que Chorreras era “guarida de delincuentes” y justifica demolición del caserío
El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, volvió a afirmar este martes que Chorreras de Cutris era utilizada como “una guarida de delincuentes”, razón por la cual —según dijo— se ordenó la demolición total del caserío, incluidas viviendas, una iglesia y demás estructuras de la comunidad.
Zamora aseguró que la medida se ejecutó porque una organización criminal habría operado en la zona desde hace meses.
Según su versión, una mafia ingresaba por Chorreras para robar horas de maquinaria, sustraer oro y cavar túneles de hasta 60 metros de profundidad, utilizados presuntamente para actividades ilícitas.
Orden conjunta del Ministerio de Seguridad y SINAC
El ministro detalló que la decisión de intervenir la zona y demoler fue tomada de manera conjunta por el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), debido a que el asentamiento se ubicaba dentro de un área protegida.
También confirmó que dio instrucciones para la detonación y clausura de 34 túneles horizontales, supuestamente utilizados por los grupos criminales.
Sin respuestas sobre las familias afectadas
A pesar de extenderse en el tema de la presunta mafia y los túneles, Zamora no brindó detalles sobre la situación actual de las familias desalojadas, ni sobre el destino de sus bienes, la demolición de sus casas, la iglesia y la presunta violación al libre tránsito, denunciada por personas que vivían en la zona.
Vecinos han señalado que quedaron sin alternativa habitacional inmediata y que fueron desalojados sin un proceso claro de reubicación.
Recurso de amparo y cuestionamientos legales
El caso ya llegó a la Sala Constitucional, donde el vecino Karl Villalobos interpuso un recurso de amparo contra la Municipalidad de San Carlos y la Delegación Policial.
En su gestión alega que la intervención violó derechos fundamentales como:
- El libre tránsito
- El derecho a la propiedad
- El debido proceso
- La permanencia y seguridad de las familias que vivían allí
La Sala aún no ha resuelto la acción, pero sí solicitó informes a las instituciones involucradas, lo que mantiene el caso en revisión.
Gobierno bajo presión para rendir cuentas
La intervención en Chorreras también ha provocado solicitudes de rendición de cuentas al presidente Rodrigo Chaves, tanto desde organizaciones de derechos humanos como de sectores locales, que piden aclarar:
- Quiénes exactamente conformaban la supuesta mafia
- Por qué no se realizaron detenciones si había evidencia criminal
- Bajo qué marco legal se demolieron casas habitadas dentro de una zona protegida
- Cuál será el futuro de las familias desplazadas
- Por qué se permitió durante años la existencia del asentamiento y solo ahora se actuó
Un caso que sigue generando polémica
Mientras Seguridad insiste en que la operación fue necesaria para recuperar un área protegida y desarticular actividades ilícitas, las familias afectadas y los sectores locales cuestionan la falta de transparencia, la ausencia de un plan social y la demolición total del poblado sin previo aviso.
El caso de Chorreras permanece abierto tanto en lo judicial como en lo político, y continúa siendo una de las intervenciones más controvertidas de la actual administración.
