Estado costarricense destruyó escuela de primaria del MEP y una Iglesia Católica
San Carlos, Alajuela, 11 de diciembre de 2025. La expulsión de 77 familias que formaban la comunidad de Chorreras de San Carlos se realizó sin que se llevara a cabo un estudio de Impacto Ambiental según indica un recurso de amparo presentado ante la Sala Constitucional.
De acuerdo con esa acción -en contra la Municipalidad de San Carlos y la delegación policial del Ministerio de Seguridad Pública en ese cantón el amparo se fundamentó en el artículo 50 de la Constitución Política, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y el Desarrollo, Declaración de Río, la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano y el Convenio sobre la Diversidad Biológica.
“El día 19 de noviembre de 2025, los funcionarios de la Municipalidad de San Carlos, apoyados por la Fuerza Pública de San Carlos empezaron sus labores de demolición y destrucción del poblado generando grandes destrozos en la escuela pública del lugar y en la Iglesia, generando enormes cúmulos de escombros y basura en la zona, y ante los reclamos airados de los habitantes de la zona por los destrozos hechos a la Iglesia y la contaminación generada, los funcionarios optaron por retirarse”, destaca el amparo presentado por el abogado y notario, Karl Villalobos Hoffmann.
“Previo a realizar las maniobras de demolición y derribo de la comunidad de Chorreras por parte de los funcionarios de la Municipalidad de San Carlos y la Fuerza Pública de ese cantón, nunca se realizó el estudio técnico de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, que se exige para tales actos, como bien lo indica la ley orgánica del Ambiente, concretamente en su artículo 17”, añadió el abogado.
Zona de guerra
Por su parte, la integrante de la iniciativa Observatorio Ciudadano, Susan Rodríguez Calvo, precisó que un grupo de integrantes de ese colectivo visitaron la zona de Chorreras el pasado 6 de noviembre donde pudieron constatar la destrucción de infraestructura estatal como una escuela del Ministerio de Educación Pública y un Templo de la Iglesia Católica.
“Ese lugar parece una zona de conflicto bélico, solamente se puede apreciar una destrucción salvaje en contra de humildes familias mientras curiosamente el Gobierno de la República, especialmente desde Casa Presidencial, se jactan de que son los supuestos defensores del pueblo. Sin ningún tipo de contemplación, ni ofrecer alguna solución a las familias, llegaron a tirarlas a la calle”, criticó la activista social Rodríguez Calvo.
La exigencia de realizar una Evaluación de Impacto Ambiental se encuentra contenida en la ley de Biodiversidad, así como en el reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental Decreto Ejecutivo número 43898 del 21 de diciembre del 2022.
“Tengo que lanzar un llamado de atención para que las autoridades públicas le digan a Costa Rica cómo van a remediar el desastre social y ambiental que dejaron en Chorreras, qué opción se les ofrecerá a las familias o es que acaso no tienen un plan B”, declaró Rodríguez Calvo.
Ese marco normativo desarrolla en forma profusa y bastante clara la obligación por parte de las Instituciones del Estado de que en todas las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos se debe actuar, aún en acatamiento de una orden judicial, en protección del derecho de todos a un medio ambiente sano es necesario un Estudio Ambiental.
