Este es el comunicado de la organización:
San José, 13 de enero de 2026.
El Centro de Amigos para la Paz emitió este martes un comunicado público en el que condena lo que califica como falsas acusaciones contra su vicepresidenta, Stella Chinchilla Mora, a quien señalan como víctima de persecución política en medio del actual proceso electoral costarricense.
Según la organización, Chinchilla Mora —reconocida comunicadora social y activista en derechos humanos— ha sido blanco de señalamientos que buscan silenciar su labor crítica frente a la administración del presidente Rodrigo Chaves Robles. El Centro afirma que su trayectoria en la denuncia de abusos de poder, violencia institucional y violaciones a la libertad de expresión es “intachable” y ampliamente conocida a nivel nacional.
En el pronunciamiento, la entidad subraya que Stella Chinchilla ha cuestionado irregularidades no solo del actual gobierno, sino también de administraciones anteriores, lo que —afirman— la convierte en una voz independiente respaldada por el marco constitucional y el derecho a la libre expresión.
La organización también cuestionó la calificación jurídica que se ha dado a una denuncia relacionada con un supuesto plan para atentar contra el presidente de la República. De acuerdo con el análisis expuesto, los hechos descritos no configurarían una tentativa de homicidio, al no existir actos de ejecución ni avances concretos dentro del denominado íter criminis, por lo que consideran irresponsable la magnificación del caso.
El Centro de Amigos para la Paz criticó además el papel de algunas autoridades y sectores de la prensa, a quienes acusa de generar alarma social y contribuir a un “show político” con fines distractores, en un contexto marcado por la campaña electoral y recientes debates presidenciales.
En su comunicado, la organización hizo un llamado a la solidaridad a colectivos sociales, estudiantiles, sindicales, ecologistas, feministas, interreligiosos y de derechos humanos, para mantenerse vigilantes ante lo que consideran una amenaza a las garantías democráticas.
Finalmente, advirtieron que el uso de la difamación y las acusaciones infundadas como herramientas políticas es una práctica asociada a regímenes autoritarios y representa un riesgo para la democracia costarricense. “No buscan justicia, sino desacreditar, aislar y sembrar miedo entre quienes denuncian abusos”, concluye el comunicado.
