Solicitud incluye a funcionarios del SINAC
San Carlos, Alajuela, 22 de enero del 2026. El Concejo Municipal de San Carlos recibió una solicitud formal para investigar las actuaciones del Alcalde de ese cantón, Juan Diego González, en relación con el desalojó de 77 familias hecho ocurrido en la zona de Chorreras, Distrito de Cutris, el pasado 25 de noviembre
La petición a los regidores sancarleños fue realizada por Susan Melissa Rodríguez Calvo, empresaria de La Fortuna, activista social e integrante del ObservatorioCiudadano que Construye Territorios Seguros y candidata a diputada en el primer lugar en Alajuela por el Partido Aquí Costa Rica Manda.
El documento enviado por Rodríguez Calvo al Concejosolicita la “apertura de una investigación urgente contra elseñor Alcalde Municipal, ingeniero Juan Diego González Picado, por posible incumplimiento de deberesy violación del debido proceso en la intervención y demolición ejecutada en la comunidad de Chorreras”.
Rodríguez Calvo señaló que lo ocurrido en Chorreras es sumamente grave porque “de ese lugar se expulsó a gente que tenía más de cuatro décadas de residir ahíconstruyendo una comunidad donde incluso habíainfraestructura construida con fondos públicos como unaescuela”.
Peticiones concretas
La petición busca determinar si González:
1. Fue advertido oportunamente por la Dirección de Servicios Jurídicos mediante el oficio MSCAM-SJ-2441-2025 sobre las falencias jurídicas y ambientalesque impedían ejecutar la demolición y en sucondición de alcalde municipal y representante legal ignoró las recomendaciones del Departamento Jurídico de la Municipalidad de San Carlos.
2. No realizó ni ordenó realizar el debido procesoadministrativo previo (expediente, notificaciones, audiencia, motivación) para sustentar la ejecución de la orden judicial de desalojo.
3. No contaba con los instrumentos administrativosválidos y completos (plan de manejo, viabilidadambiental, actos administrativos firmes) para llevar a cabo el derribo de viviendas y estructuras.
4. No se apersono al expediente ni contestó al JuzgadoPenal correspondiente sobre las falencias de la ordenjudicial ni sobre la existencia de recursos de amparo y pronunciamientos ambientales previos, omitiendosu deber de lealtad y colaboración con la jurisdicciónpenal y constitucional.
Además, la integrante del Observatorio pidió que comoparte de esa investigación el Concejo Municipal de San Carlos:
a) Solicite informe detallado y copia íntegra a la Dirección de Servicios Jurídicos sobre el oficio MSCAM-SJ-2441-2025 y eventuales advertencias adicionales al Alcalde.
b) Requiera al señor Alcalde que comparezcapersonalmente ante el Concejo a rendir explicaciones, aportando toda la documentación que justifique sus decisiones.
c) Ordene la remisión de lo actuado a la ContraloríaGeneral de la República, Procuraduría de la ÉticaPública y Ministerio Público, en caso de advertirseposibles responsabilidades administrativas, éticas o penales.
La denuncia de Rodríguez Calvo fue acogida de maneraunánime por los nueve regidores del Concejo quienestrasladaron la investigación a la Comisión de AsuntosJurídicos.
