Denuncian al alcalde de San Carlos por posible incumplimiento de deberes en desalojo y demolición en Chorreras
San Carlos, Alajuela.
La empresaria y activista social Susan Melissa Rodríguez Calvo presentó una denuncia formal ante el Concejo Municipal de San Carlos contra el alcalde municipal, Juan Diego González Picado, por un presunto incumplimiento de deberes, violación al debido proceso y eventuales responsabilidades administrativas, éticas y penales, relacionadas con el desalojo y demolición ejecutados el 25 de noviembre de 2025 en la comunidad de Chorreras, distrito de Cutris.
La denuncia fue dirigida a los regidores y síndicos del Concejo Municipal, a quienes se les solicita la apertura inmediata de una investigación urgente, seria y documentada, en ejercicio de sus funciones de control político y fiscalización interna.
Advertencias jurídicas ignoradas
Según el escrito presentado, el 24 de noviembre de 2025, un día antes del operativo, la Dirección de Servicios Jurídicos de la Municipalidad de San Carlos emitió el oficio MSCAM-SJ-2441-2025, en el cual se advertía al alcalde sobre falencias jurídicas y ambientales que impedían ejecutar una demolición o desalojo en la zona.
En dicho oficio, la asesoría legal municipal alertó sobre la existencia de recursos de amparo relacionados con la comunidad de Chorreras, la necesidad de recabar documentación clave, así como de contar con criterios ambientales, plan de manejo y viabilidad ambiental, antes de tomar decisiones de intervención en el área.
A juicio de la denunciante, estas advertencias no fueron atendidas ni subsanadas, pese a que el alcalde, como representante legal del gobierno local, tenía el deber de acatar los criterios técnicos y jurídicos internos.
Recursos judiciales en trámite
La denuncia también señala que, al momento del operativo, existían al menos dos recursos de amparo en trámite, entre ellos el expediente 25-036763-0007-CO, así como una audiencia judicial conferida a los vecinos de Chorreras el 20 de noviembre de 2025, con plazo para responder hasta el 26 de noviembre, es decir, un día después de ejecutada la demolición.
Pese a este contexto jurídico, no consta que el alcalde informara al Juzgado Penal sobre estas situaciones, ni que solicitara la suspensión o revisión de la orden judicial, lo que podría constituir una omisión grave de su deber de colaboración con la administración de justicia.
Falta de viabilidad ambiental y plan de manejo
Otro de los puntos centrales de la denuncia es la ausencia de un plan de manejo y de una viabilidad ambiental aprobada, requisitos indispensables para intervenir una zona catalogada como área protegida. De acuerdo con pronunciamientos del Tribunal Ambiental Administrativo, este tipo de intervención requiere un Estudio de Impacto Ambiental, el cual no habría sido aprobado al momento del operativo.
La propia Dirección Jurídica municipal habría indicado la necesidad de solicitar información al SINAC y al Área de Conservación Huetar Norte, lo que evidencia que los requisitos ambientales no estaban completos.
Operativo sin debido proceso administrativo
El documento detalla que el 25 de noviembre se desplegó un operativo con aproximadamente 189 oficiales de policía y más de 70 funcionarios de distintas instituciones, para desalojar a una comunidad de cerca de 200 personas, entre ellas niños, adultos mayores y personas con discapacidad.
Sin embargo, la denunciante asegura que no existe evidencia de un expediente administrativo completo, con resoluciones motivadas, notificaciones fehacientes ni oportunidad real de defensa para las personas afectadas, lo que contraviene los principios básicos del debido proceso administrativo.
Fundamento constitucional y jurisprudencial
La denuncia se apoya en los artículos 9 y 11 de la Constitución Política, que consagran el principio de legalidad, responsabilidad de los funcionarios públicos y el derecho ciudadano a la rendición de cuentas.
Asimismo, cita jurisprudencia reiterada de la Sala Constitucional, que establece que ningún desalojo administrativo puede ejecutarse sin una indagación previa mínima, audiencia a las personas afectadas y resolución debidamente motivada, incluso cuando exista una orden judicial, especialmente si hay procesos pendientes o controversias jurídicas relevantes.
Lo que se solicita al Concejo Municipal
Entre las peticiones concretas al Concejo Municipal de San Carlos destacan:
- La admisión de la denuncia con carácter urgente.
- La apertura de una investigación interna inmediata sobre la actuación del alcalde.
- La solicitud de un informe detallado a la Dirección de Servicios Jurídicos, con copia del oficio MSCAM-SJ-2441-2025 y otros criterios emitidos.
- La comparecencia personal del alcalde ante el Concejo para rendir cuentas y aportar documentación.
- La eventual remisión del expediente a la Contraloría General de la República, Procuraduría de la Ética Pública y Ministerio Público, de comprobarse responsabilidades.
Rodríguez Calvo solicitó además que se deje constancia de que la gestión se presenta también en su condición de candidata a diputada por la provincia de Alajuela, como parte de su deber de fiscalización y defensa de comunidades vulnerables.
La denuncia fue presentada en La Fortuna de San Carlos, el 1 de diciembre de 2025, y ahora queda en manos del Concejo Municipal determinar los pasos a seguir.
