Diputados denuncian presunta invasión y cambio ilegal de uso de suelo en área protegida de la Zona Norte
San Carlos, Alajuela.
La Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental recibió una denuncia penal por presunto cambio ilegal de uso de suelo e invasión a un área protegida en la comunidad de El Jocote, distrito de Pocosol de San Carlos, específicamente sobre la ruta nacional 761, en las cercanías del puente sobre el río Pocosol, carretera hacia Los Chiles.
La acción legal fue interpuesta por los diputados Ariel Robles Barrantes y Priscilla Vindas Salazar, ambos del Frente Amplio, junto al abogado Edgardo Vinicio Araya Sibaja, quienes alertan sobre grandes movimientos de tierra en un sector boscoso, realizados de forma continua en días recientes y que se mantienen hasta la fecha.
La denuncia se da ante la inacción de autoridades del Minae, Sinac, fiscalía y Municipalidad de San Carlos
Según detalla la denuncia, los trabajos se estarían desarrollando dentro del Área de Protección del Corredor Fronterizo de la Zona Norte, una franja con restricciones especiales por su importancia ambiental, ecológica y estratégica para el país.
Movimientos de tierra y riesgo ambiental
Los denunciantes señalan que en el sitio se ha observado maquinaria pesada realizando remoción de suelo y alteración del terreno, pese a que aún existen sectores de bosque en pie. Sin embargo, advierten que esta condición podría cambiar en cuestión de horas o días, lo que incrementa el riesgo de daños graves e irreversibles al ecosistema.
Parte de la evidencia fue divulgada también en redes sociales y medios digitales, donde se muestra la magnitud de los trabajos y el avance de actividades asociadas a monocultivos en zonas donde la legislación ambiental limita o prohíbe este tipo de intervenciones.
Solicitan medidas urgentes
En el documento presentado ante la Fiscalía, los denunciantes solicitan que se investiguen los hechos por posibles delitos ambientales, o cualquier otra calificación jurídica que determine el Ministerio Público.
Además, piden la aplicación inmediata de medidas cautelares, entre ellas:
- Que se gire dirección funcional a la Fuerza Pública y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) para paralizar cualquier actividad que no cuente con permisos.
- La identificación de los inmuebles donde se realizan los trabajos y la verificación de una eventual invasión a áreas protegidas.
- La paralización de obras y movimientos de tierra, con base en el principio precautorio, la Constitución Política, la Ley de Biodiversidad y el Código Procesal Penal.
- La eventual demolición de estructuras que no cuenten con los permisos correspondientes.
- La anotación de la causa en el Registro Nacional Público sobre los inmuebles involucrados.
Llamado a proteger el corredor fronterizo
Los firmantes subrayan que el Corredor Fronterizo de la Zona Norte cumple una función clave para la conservación de la biodiversidad, la protección de recursos hídricos y el equilibrio ambiental, por lo que cualquier intervención sin control representa una amenaza directa al patrimonio natural del país.
La Fiscalía deberá ahora valorar la denuncia y determinar las acciones a seguir, mientras organizaciones ambientales y comunidades de la Zona Norte mantienen la atención sobre el avance de actividades agrícolas en áreas con restricciones ambientales vigentes.
