El Instituto de Desarrollo Rural (Inder) aseguró que no le corresponde pronunciarse sobre la situación jurídica de la comunidad fronteriza de Chorreras, en Cutris de San Carlos, desalojada en noviembre del 2025, aunque sí reconoció la existencia de inversión gubernamental en el lugar.
La posición institucional surge tras el “pedido de cuentas” realizado por el Observatorio Ciudadano, una organización que cuestionó el actuar del Estado costarricense frente a las familias afectadas por el desalojo en esta zona fronteriza con Nicaragua, colindante con el río San Juan.
El pasado 22 de enero, el Observatorio dio a conocer que solicitó explicaciones a diversas entidades públicas por el desalojo de Chorreras, proceso que —según sus datos— impactó a más de 400 personas pertenecientes a al menos 77 familias. Entre las instituciones señaladas figura el Inder.
Susan Rodríguez, representante del Observatorio Ciudadano, manifestó que los habitantes pasaron de ser considerados ocupantes legítimos, con contratos de arrendamiento otorgados por el propio Estado, a ser catalogados como invasores de un área protegida.
“¿Por qué es importante el pronunciamiento del Inder? Para que nos expliquen cómo es que pasamos de que estas familias estaban ocupando con contratos de arriendo que les dio el Estado, a que se diga que no se les iba a alquilar más. Queremos saber cuál fue el debido proceso”, expresó Rodríguez.
Ante estas manifestaciones, Noticias Columbia solicitó al Inder su posición oficial. La institución respondió por escrito y desde el primer párrafo dejó claro que el desalojo del asentamiento ilegal de Chorreras “se efectuó atendiendo a una resolución del Tribunal Penal del II Circuito Judicial de Alajuela”, proceso en el cual —afirma— el Inder no tuvo participación, ni como accionante legal ni en la logística del operativo.
En su explicación, el Inder recordó que durante las décadas de 1980 y 1990, el entonces Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) otorgó contratos de arrendamiento en la zona con fines agrícolas. No obstante, sostiene que dichos contratos no generaban derechos de posesión ni propiedad sobre los terrenos.
La institución indicó que en 1994, mediante decreto ejecutivo, se creó el Refugio Nacional de Vida Silvestre que incluye el área de Chorreras, lo cual cambió las condiciones de uso y aprovechamiento de las tierras. A partir de ese momento, el IDA dejó de emitir y renovar contratos de arrendamiento.
Según el Inder, desde entonces la administración del territorio pasó a ser competencia exclusiva de la Dirección General de Vida Silvestre del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), por lo que el instituto no tiene injerencia sobre la gestión ni sobre la situación legal de los ocupantes.
“Al encontrarse Chorreras dentro de los límites del Refugio, no le corresponde al Inder la administración ni la atención de estos terrenos”, señala la respuesta oficial, razón por la cual la institución asegura que no puede referirse a la condición jurídica de la comunidad desalojada.
Pese a esta posición, el caso continúa generando cuestionamientos sobre la responsabilidad histórica del Estado y el impacto social del desalojo en una de las zonas más vulnerables de la frontera norte del país.
