El presidente Rodrigo Chaves y la presidenta ejecutiva del AyA, Lourdes Sáurez, defendieron la eliminación del puesto que ocupaba el diputado liberacionista Óscar Izquierdo, al señalar que se trataba de una plaza creada bajo condiciones cuestionables y que no respondía a criterios técnicos.
Sáurez indicó que el cargo fue establecido en 2010, durante las administraciones de Óscar Arias y Laura Chinchilla, sin que mediara concurso público ni proceso competitivo para su designación. Añadió que desde diciembre de 2025 se notificó al funcionario sobre la reestructuración institucional, pero —según dijo— no hubo respuesta a los comunicados.
El mandatario respaldó la decisión y sostuvo que la medida no obedece a razones políticas, sino a un proceso de ordenamiento interno. “No es persecución, es corregir distorsiones que por años se mantuvieron en la estructura del Estado”, afirmó.
Chaves fue más allá y cuestionó la permanencia de este tipo de cargos, señalando que representan privilegios que deben revisarse en aras de la transparencia y el uso eficiente de los recursos públicos.
La decisión provocó reacciones inmediatas en la Asamblea Legislativa y encendió el debate en redes sociales, donde sectores ciudadanos discuten si estas plazas deben eliminarse de forma definitiva o si se trata de una confrontación política más entre el Ejecutivo y el Congreso.
