A pocas horas de concretarse su extradición, el exmagistrado y exjerarca de Seguridad Celso Gamboa Sánchez aseguró que colaborará con las autoridades judiciales de Estados Unidos y que está dispuesto a proporcionar información relacionada con personas que actualmente forman parte del Poder Ejecutivo.
En declaraciones brindadas al programa Siete Días de Teletica, el exfuncionario afirmó que hay individuos “que no deberían estar donde están” y dejó claro que, de ser requerido, expondrá esos datos ante fiscales norteamericanos.
“Si tengo que hablar, hablaré con las autoridades estadounidenses”, expresó, al tiempo que señaló que sus declaraciones no se limitarían a organizaciones criminales, sino también a actores dentro de la estructura estatal.
Un caso que sacude al poder político
La situación judicial de Gamboa se ha convertido en uno de los expedientes más delicados de los últimos años en Costa Rica, no solo por las acusaciones de narcotráfico internacional que enfrenta en Estados Unidos, sino por las implicaciones políticas que podrían derivarse de su eventual testimonio.
El exjerarca, quien ocupó cargos como ministro y viceministro de Seguridad Pública, además de magistrado de la Sala III, es requerido por la justicia estadounidense bajo cargos que lo vinculan con una presunta red transnacional dedicada al tráfico de cocaína hacia Norteamérica y Europa.
La acusación formal fue presentada ante la Corte del Distrito Este de Texas y lleva la firma del fiscal federal Jay R. Combs, quien sostiene que la investigación ubica a Gamboa como parte activa de la estructura criminal desde 2017.
Señalamientos sobre supuestos contactos gubernamentales
Documentos judiciales estadounidenses incluyen declaraciones de un agente encubierto que indican que el exmagistrado habría presumido tener múltiples contactos dentro del aparato estatal costarricense. Según esa versión, dichos vínculos le habrían permitido anticipar operativos y facilitar el tránsito de cargamentos ilícitos por rutas tanto del Caribe como del Pacífico.
En el expediente también se menciona la presunta colaboración con Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, por quien el Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta $500.000 dentro del Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional.
Las autoridades costarricenses, por su parte, han rechazado cualquier nexo institucional con las afirmaciones hechas por Gamboa y han marcado distancia de sus declaraciones públicas.
Extradición histórica
La entrega del exfuncionario a Estados Unidos marcará un precedente en el país tras la reforma constitucional aprobada en 2025, que permite la extradición de ciudadanos costarricenses por delitos graves como el narcotráfico.
El fiscal general, Carlo Díaz, ha señalado que este proceso envía un mensaje contundente contra el crimen organizado, especialmente cuando involucra a personas que ocuparon posiciones de alto rango en el Estado.
Según fuentes oficiales, solo resta un trámite documental para que Gamboa sea trasladado en un avión de la Administración para el Control de Drogas hacia territorio estadounidense, donde enfrentará cargos federales.
Mientras tanto, sus recientes declaraciones abren un nuevo capítulo en un caso que ya impacta tanto el ámbito judicial como el político y que podría tener repercusiones más allá de los tribunales.
