El Juzgado Penal dictó la suspensión temporal del cargo, por un periodo de cuatro meses, contra un oficial de la Fuerza Pública que figura como sospechoso de colaborar con estructuras criminales dedicadas a la extracción ilegal de oro en Crucitas y sectores aledaños.
De acuerdo con lo resuelto, corresponderá al Ministerio de Seguridad Pública determinar si la medida se aplicará sin goce de salario, conforme a lo establecido en la normativa administrativa vigente.
Además de la separación del puesto, el Juzgado impuso otras medidas cautelares por el mismo plazo:
- Prohibición de ingresar a los cantones de San Carlos y Sarapiquí.
- Prohibición de comunicarse, por cualquier medio, con los testigos propuestos por el Ministerio Público.
El funcionario, de apellidos Carrillo Castillo y 43 años, es investigado por los presuntos delitos de concusión e incumplimiento de deberes, en perjuicio de la función pública. Su detención se dio en el marco de una investigación liderada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Según las autoridades, el oficial habría ejecutado acciones para facilitar que grupos conocidos como “coligalleros” extrajeran material minero sin ser intervenidos por los cuerpos policiales, incluida la propia Fuerza Pública.
Las autoridades judiciales recalcaron que estas disposiciones son de carácter cautelar y no constituyen una sentencia condenatoria, en respeto al principio de presunción de inocencia.
Por su parte, el Ministerio Público informó que el caso continúa bajo investigación y que se mantienen abiertas diversas líneas de análisis sobre los hechos denunciados en Crucitas, una zona que ha sido escenario de reiteradas intervenciones estatales debido a actividades relacionadas con la minería ilegal de oro.
