El Concejo Municipal de San Carlos remitió hoy a la Comisión de Asuntos Jurídicos un recurso extraordinario de revisión presentado por el exregidor Carlos Fernando Corella Chaves, quien solicita dejar sin efecto un acuerdo adoptado en setiembre del 2025 relacionado con la negativa de realizar una investigación externa sobre actuaciones de funcionarios municipales.
El recurso cuestiona el acuerdo N.º 65 del acta N.º 54, aprobado en la sesión ordinaria del 8 de setiembre de 2025, mediante el cual el Concejo rechazó una moción presentada por la regidora Luisa Chacón Caamaño para contratar a un abogado especialista en Derecho Penal que efectuara una investigación externa, objetiva e independiente sobre posibles irregularidades en la administración municipal.
El tema cobra relevancia debido a que se mantiene un caso de presunto peculado y delitos contra los deberes de la función pública en el Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José, relacionado con contrataciones realizadas años atrás en la Municipalidad de San Carlos. En el proceso figuran como imputados varios exfuncionarios municipales, entre ellos Campos Zamora, excoordinadora de proveeduría; Hernández Vásquez, exingeniero municipal; y Rojas, funcionario de proveeduría que actualmente continúa laborando para el municipio. También están acusados el empresario Oscar Campos Cordero, propietario de Excavaciones Campos Zamora S.A., y Donald Cruz Araya, quienes presuntamente habrían participado en el esquema investigado por el Ministerio Público.
De acuerdo con el recurso presentado, el acuerdo del Concejo Municipal que rechazó la investigación externa se tomó sin un análisis técnico suficiente ni la valoración integral de antecedentes administrativos y judiciales relacionados con el caso. El exregidor sostiene que existen documentos y expedientes relevantes que no habrían sido considerados durante la discusión del tema.
Entre los señalamientos, Corella argumenta que el Concejo Municipal ha autorizado en el pasado investigaciones externas cuando han existido sospechas de irregularidades administrativas o penales. Como ejemplo menciona acuerdos adoptados en los años 2012 y 2013, en los cuales se permitió contratar especialistas en Derecho Penal para investigar actuaciones de funcionarios municipales.
El recurso también cuestiona la eventual conciliación dentro del proceso judicial, la cual implicaría el pago de ?52,5 millones, señalando que no consta en el expediente un análisis técnico que determine si ese monto corresponde al posible daño patrimonial sufrido por la Municipalidad.
Asimismo, se señala que la propuesta de conciliación habría sido elaborada inicialmente por una de las partes querelladas y luego trasladada a la administración municipal, situación que —según el recurso— debió motivar un análisis independiente por parte del Concejo antes de adoptar cualquier decisión.
Los hechos investigados se remontan a contrataciones realizadas entre 2008 y 2010 para la extracción y acarreo de materiales, que habrían superado los ?108 millones. Según una denuncia presentada ante la Contraloría General de la República, se habrían adjudicado al menos 17 licitaciones a empresas vinculadas con familiares de una funcionaria municipal, lo que habría motivado la investigación penal.
Ahora la Comisión de Asuntos Jurídicos del Concejo Municipal deberá analizar el recurso extraordinario de revisión y emitir una recomendación al órgano colegiado sobre si procede o no reconsiderar el acuerdo adoptado en 2025.
Carlos Corella presentó una ampliación a un recurso extraordinario de revisión ante el Concejo Municipal de la Municipalidad de San Carlos, con el objetivo de cuestionar un acuerdo adoptado por ese órgano en una sesión ordinaria realizada el 8 de setiembre de 2025.
El documento fue presentado el 6 de marzo de 2026 por Carlos Fernando Corella Chaves, exregidor municipal, quien indicó que la gestión busca incorporar nuevos fundamentos jurídicos, así como aportar documentación adicional que, según argumenta, evidenciaría la posible nulidad absoluta del acuerdo impugnado.
Corella señaló que el recurso amplía una solicitud presentada previamente el 23 de febrero de 2026, en la cual se cuestiona el acuerdo número 65, consignado en el acta N.° 54 del Concejo Municipal. En su planteamiento, sostiene que las decisiones administrativas deben estar debidamente motivadas y sustentadas en un análisis objetivo de los hechos, especialmente cuando involucran la administración de recursos públicos.
En el escrito también se citan resoluciones del Tribunal Contencioso Administrativo y de la Sala Constitucional, en las que se establece que la falta de motivación suficiente o de análisis técnico adecuado puede constituir un vicio que afecte la validez de un acto administrativo.
La ampliación del recurso será analizada por el Concejo Municipal y las instancias correspondientes dentro del procedimiento administrativo, que deberán determinar si procede la revisión del acuerdo cuestionado.
