El Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de Alajuela condenó a la exalcaldesa de San Carlos, Karol Salas Vargas, a pagar más de 328 millones tras declararse con lugar una demanda por acoso laboral presentada por una funcionaria municipal de apellidos Amores Saborío.
De acuerdo con la resolución judicial, el tribunal determinó que durante el periodo en que Salas Vargas ejercía el cargo se produjeron actos de hostigamiento laboral contra la funcionaria, situación que generó afectaciones personales y profesionales. Por esta razón, el juzgado ordenó que la exjerarca municipal asuma el pago de la indemnización con su propio patrimonio, al establecerse responsabilidad directa en los hechos denunciados.
La sentencia establece un monto total de 328,5 millones, el cual se desglosa en diferentes rubros indemnizatorios, entre ellos daños patrimoniales, daño moral objetivo y daño moral subjetivo, derivados de las afectaciones sufridas por la demandante a raíz de las conductas consideradas como acoso laboral.
El fallo destaca que las actuaciones analizadas durante el proceso evidenciaron conductas reiteradas que afectaron el ambiente de trabajo y la dignidad de la funcionaria, elementos que fueron valorados por el tribunal para declarar con lugar la demanda.
Este caso adquiere especial relevancia en el ámbito laboral y municipal, ya que establece responsabilidad personal de una exautoridad pública, obligándola a responder económicamente por sus actuaciones mientras ejercía funciones administrativas dentro de la municipalidad.
La resolución fue emitida por el Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de Alajuela, instancia que analizó el expediente y las pruebas aportadas durante el proceso.
No obstante, el fallo no se encuentra en firme, ya que la defensa de la exalcaldesa aún puede interponer recursos de apelación ante la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, específicamente ante la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, órgano encargado de resolver en definitiva este tipo de procesos laborales.
De confirmarse la sentencia en instancias superiores, el caso se convertiría en uno de los precedentes más significativos en materia de acoso laboral dentro del sector público en la región norte del país, al fijar una indemnización millonaria y responsabilizar personalmente a una exfuncionaria de alto rango.
