Las autoridades judiciales de Costa Rica han abierto varias investigaciones en los últimos meses por amenazas contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, algunas de las cuales ya han derivado en detenciones o procesos en curso.
Detención de activista Tatiana Gamboa
Uno de los casos más recientes es el de Tatiana Gamboa Freer, activista vinculada a movimientos pro Palestina, quien fue detenida tras publicaciones en redes sociales donde presuntamente emitía amenazas contra el mandatario. Las autoridades decomisaron dispositivos electrónicos para analizar los mensajes difundidos.
Detención de hombre de apellido Trejos
Otro caso es el de Alfredo Trejos Salas, de 58 años, quien fue detenido por el Organismo de Investigación Judicial como sospechoso de amenazas contra el presidente y contra la presidenta electa Laura Fernández Delgado.
Trejos es tío del diputado electo del Frente Amplio, Antonio Trejos Mazariegos. Según las autoridades, en varios videos que circularon en redes sociales el hombre afirmó que había contratado sicarios para matar al presidente, además de lanzar insultos y amenazas públicas.
La investigación quedó en manos de la Fiscalía Adjunta de Heredia por el presunto delito de amenazas agravadas contra funcionario público.
Caso relacionado con Stella Chinchilla
También trascendió una denuncia relacionada con Stella Chinchilla Mora, quien fue señalada en una denuncia presentada ante las autoridades por supuestamente idear un plan contra el presidente. Sin embargo, la comunicadora ha rechazado las acusaciones y asegura que ella misma ha recibido amenazas tras el caso.
Señalamientos contra hija del magistrado Paul Rueda
En otro episodio que generó polémica, el Gobierno solicitó explicaciones luego de que una hija del magistrado constitucional Paul Rueda Leal , Jimena Rueda realizara comentarios en redes sociales que fueron interpretados como amenazas contra el mandatario. El caso provocó cuestionamientos públicos y discusiones sobre posibles responsabilidades legales.
Investigaciones continúan
Las autoridades indicaron que las investigaciones siguen abiertas, ya que parte de las amenazas se habrían difundido en redes sociales o en videos que se viralizaron en Internet. El Ministerio Público analiza cada caso para determinar si se configuran delitos como amenazas agravadas o instigación a la violencia contra un funcionario público.
En los próximos días podrían definirse medidas judiciales contra los sospechosos, mientras las autoridades continúan revisando evidencia digital y testimonios relacionados con las amenazas.
