La acusación presentada por autoridades de Estados Unidos contra el exmagistrado y exministro costarricense Celso Gamboa Sánchez sostiene que el exfuncionario habría participado en una red internacional de narcotráfico, colaborando presuntamente con organizaciones criminales para fabricar, distribuir y transportar grandes cantidades de cocaína.
De acuerdo con la Fiscalía del Distrito Este de Texas —una de las jurisdicciones más activas en la persecución de cárteles de droga—, parte significativa de la droga habría transitado por Costa Rica antes de ser introducida en territorio estadounidense para su posterior distribución.
Operación internacional y captura
La acusación fue formalizada por un gran jurado federal y divulgada en un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos el pasado 11 de julio, semanas después de la detención de Gamboa, ocurrida el 23 de junio en San José.
El exmagistrado fue arrestado junto a su presunto socio, Edwin Danny López Vega, en operativos coordinados por la Fiscalía y el OIJ. Según las autoridades, la captura fue gestionada de manera urgente por la Administración para el Control de Drogas ante un eventual riesgo de fuga.
Tras nueve meses de proceso judicial, ambos fueron extraditados el viernes anterior hacia el estado de Texas en un avión de la DEA, bajo un fuerte dispositivo de seguridad.
Del poder judicial a un tribunal federal
Gamboa Sánchez tuvo una carrera pública de alto perfil en Costa Rica. Ocupó cargos como ministro de Seguridad Pública en 2014, director de la DIS, fiscal general adjunto y magistrado de la Sala Tercera entre 2011 y 2015. Su caso marca un hito, ya que junto a López Vega se convierte en uno de los primeros costarricenses extraditados tras la reforma constitucional aprobada el 15 de mayo de 2025, que habilitó la entrega de nacionales por delitos de narcotráfico y terrorismo.
Detalles de la acusación
Según el expediente, Gamboa habría conspirado con narcotraficantes internacionales, facilitando operaciones logísticas para el trasiego de cocaína con destino final en Estados Unidos. La causa es tramitada en el Distrito Este de Texas, una jurisdicción reconocida por procesar a numerosos líderes de organizaciones criminales transnacionales.
El proceso está a cargo del fiscal federal interino Jay R. Combs, quien cuenta con amplia experiencia en casos de crimen organizado, narcotráfico, trata de personas y corrupción pública. Durante su trayectoria, ha sido reconocido por su labor en la lucha contra estructuras criminales internacionales.
Posibles penas y condiciones
De ser hallados culpables, tanto Gamboa como López se exponen a una pena mínima de 10 años de prisión y hasta cadena perpetua en una cárcel federal estadounidense. No obstante, la extradición se autorizó bajo condiciones impuestas por tribunales costarricenses, que prohíben la aplicación de la pena de muerte y limitan la condena máxima a 50 años.
Gamboa enfrentará el proceso judicial con defensa pública en territorio estadounidense.
Parte de una ofensiva mayor
El caso se enmarca dentro de la estrategia denominada “Operación Recuperar Estados Unidos”, impulsada por el Departamento de Justicia para combatir el narcotráfico, desarticular cárteles internacionales y reducir el impacto del crimen organizado transnacional.
Las investigaciones han sido desarrolladas de manera conjunta por la DEA, el FBI y unidades especializadas del norte de Texas, con apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales.
Las autoridades estadounidenses recalcaron que una acusación federal no constituye una declaración de culpabilidad, y que los imputados se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal.
